La administración de Johana Aranda en Ibagué desató una tormenta política tras revelarse que, solo en su primer año como alcaldesa, destinó casi $18.000 millones de recursos públicos en fiestas, eventos, espectáculos y actos mediáticos.
El escándalo estalló en un debate de control político liderado por el concejal Jorge Bolívar, quien calificó el gasto como “un acto de despilfarro vergonzoso” mientras la ciudad enfrenta graves necesidades sociales.
Según Bolívar, los documentos oficiales muestran que la empresa León Gráficas recibió la mayor tajada del botín, con contratos por $11.668 millones para la organización de eventos como el Festival Folclórico Colombiano.
A la lista de favorecidos se suman la Fundación IMIX con $2.812 millones, el Grupo Activa L con $1.327 millones y un particular, Cristian Montoya, quien embolsilló $1.153 millones.
Fiestas desmedidas
Lo más indignante, según el cabildante, es que mientras Aranda dilapidaba dinero en fiestas, miles de adultos mayores de Ibagué apenas recibieron una ayuda simbólica: $800 millones en programas que no se enfocaron siquiera en alimentación básica, sino en servicios como cortes de cabello y manicure.
Además, se reveló que la Alcaldía pagó $260 millones a Jorge Varón Televisión para realizar su famoso evento de fin de año en la Unidad Deportiva de la calle 42.
“Con un gobierno austero podríamos ahorrar al menos $10.000 millones y destinarlos a verdaderas necesidades sociales”, lamentó Bolívar.
En contraste con este derroche, Ibagué sigue sufriendo por la falta de comedores comunitarios, ausencia de cámaras de seguridad y una red vial en ruinas llena de huecos peligrosos.
El concejal Bolívar solicitó a la Contraloría Municipal abrir una investigación urgente para esclarecer si existieron irregularidades en los millonarios contratos firmados durante 2024.
“No podemos seguir permitiendo que los recursos públicos se conviertan en un show de luces mientras los ciudadanos claman por seguridad, alimentación y salud”, advirtió.
Este escándalo no solo pone en tela de juicio la gestión de Aranda, sino que podría convertirse en uno de los mayores casos de derroche público en la historia reciente de la ciudad.
