Juan Novoa explica la apelación contra la inhabilidad impuesta a Hurtado.
Tras el fallo en primera instancia de la Procuraduría General de la Nación que impuso una inhabilidad de 12 años al exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, por presunta participación en política, su abogado defensor, Juan Carlos Novoa, expuso los fundamentos de la apelación presentada y cuestionó la legalidad de la decisión disciplinaria adoptada por el ente de control. En entrevista con medios de comunicación, el jurista explicó que el proceso se originó por una reunión realizada en septiembre de 2023 con líderes religiosos de la ciudad.
“El exalcalde Hurtado se reunió con los pastores cristianos de la ciudad de Ibagué en cumplimiento de una promesa de campaña: reunirse cada año con este sector para rendirles cuentas de cómo iba la ciudad. Es bien sabido que él profesa la religión cristiana y por eso esa cercanía”, afirmó Novoa. Según el defensor, la Procuraduría inicialmente sostuvo que Hurtado convocó y financió un acto político, pero durante el trámite quedó demostrado que no ocurrió. “A lo largo del proceso logramos demostrar que en ningún momento el exalcalde convocó o pagó ninguna reunión política, y eso lo acepta la misma Procuraduría”, sostuvo.
Pese a ese reconocimiento, la defensa asegura que el organismo disciplinario modificó el reproche de manera irregular. “En vez de absolverlo, la Procuraduría cambia de manera irregular el cargo y dice: no lo vamos a sancionar por haber convocado, porque está probado que no lo hizo, sino porque supuestamente permitió que se realizará la reunión entre los pastores y la candidata Johana Aranda. Eso viola de forma clara el debido proceso y el derecho a la defensa”, señaló.
Novoa agregó que no existe prueba que vincule al exmandatario con promoción política. “Tampoco está probado que el exalcalde hubiera permitido o tenido alguna injerencia para promocionar o persuadir a los pastores cristianos del voto por la entonces candidata”, dijo.
El abogado indicó que los argumentos ya fueron expuestos en audiencia pública ante la Sala Disciplinaria. “Ese mismo día del fallo expusimos con rigor jurídico y probatorio por qué la decisión es equivocada y debe revocarse. Esos argumentos ya están sobre la mesa”, indicó. Sobre los tiempos, explicó que la ley concede hasta dos años para resolver la segunda instancia, aunque estima una decisión anticipada.
También recordó la jurisprudencia vigente y afirmó que la sanción no sería ejecutable de inmediato, manteniendo abierta la posibilidad política mientras no exista decisión en firme. El proceso sigue abierto y la apelación mantiene en suspenso los efectos disciplinarios actuales para actores institucionales locales.
