Luego de una larga batalla jurídica, una juez le dio la razón a quienes demandaron un contrato de concesión formulado en el año 2014 por la Alcaldía de Wilman Enrique Celemín. Los demandantes celebraron esta decisión, que, a pesar de llegar tarde, evitó 12 años más de manejos presuntamente irregulares por parte de la Unión Temporal SETTY.
El juzgado administrativo de Casanare emitió un fallo de segunda instancia en donde ratifica lo que falló inicialmente en el año 2017. La demanda fue interpuesta por el exconcejal y exalcalde Leonardo Puentes, en compañía del actual gobernador de Casanare César Ortíz Zorro y otras figuras políticas del departamento. La demanda advertía faltas en el planteamiento del proceso, que, al parecer, tenía falsas motivaciones, es decir, no estaba bien justificado.
La aprobación
El 24 de diciembre de 2013 a las 8 de la noche, cuando la mayoría de personas se alistaban para celebrar la navidad, el concejo de Yopal llevó a cabo el debate y aprobación de este perjudicial proyecto. Dándole así, la autorización al entonces alcalde para suscribir el contrato de concesión. Esa misma administración municipal, intentó sin éxito concesionar otros servicios esenciales para la ciudad, como lo son el terminal de transportes y el alumbrado público.
El fallo implica que los servicios de parqueaderos para vehículos inmovilizados, grúas, sistematización de procedimientos contravencionales y el Registro Único Nacional de Tránsito serán devueltos al municipio. Esto significa que cuantiosos ingresos dejarán se ser pagados por la ciudadanía a la empresa privada, para pasar a las arcas del municipio, con lo cual se podría fortalecer estrategias de prevención de accidentalidad, contratación de más agentes de tránsito, e incluso, como ingresos corrientes de libre destinación para otras carteras.
Aún quedan varias dudas frente a lo que sucederá tras la decisión del tribunal administrativo de Casanare, pues pese a que, en teoría, mientras la administración dispone de un nuevo parqueadero, no hay a donde llevar los vehículos que se inmovilizan, sin embargo, en el centro de la ciudad se ve un amento en la operación de los agentes de tránsito y las grúas. Según el abogado Lenin Bustos, esto podría tipificarse como un delito, al estar incumpliendo el fallo.
