En una decisión que ha marcado un hito en la justicia colombiana, el Tribunal Superior de Medellín absolvió a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de las acusaciones relacionadas con el grupo paramilitar «Los Doce Apóstoles» y el homicidio de Camilo Barrientos en 1994. El fallo se produjo tras años de procesos judiciales en los que la defensa argumentó falta de pruebas contundentes. Finalmente, los jueces determinaron que no existía evidencia concluyente que demostrara la implicación directa de Uribe en la creación o dirección de este grupo.
El proceso contra Uribe Vélez inició en 1994, cuando varios testimonios lo señalaron como presunto líder de «Los Doce Apóstoles», un grupo paramilitar que operaba en Yarumal, Antioquia, y que se dedicaba a eliminar personas consideradas como amenazas al orden local. Durante el juicio, los testimonios de exparamilitares fueron pieza clave para la Fiscalía, pero la defensa sostuvo que los testigos habían sido manipulados o coaccionados para incriminar a Uribe.
La acusación incluyó testimonios como el de Eunisio Pineda Luján, exmiembro de las autodefensas, quien vinculó a Uribe con el grupo paramilitar. Sin embargo, la defensa cuestionó la credibilidad de estos testimonios, argumentando que muchos de los testigos habían declarado bajo presión. Tras la revisión exhaustiva de los testimonios y pruebas, el tribunal concluyó que no había elementos suficientes para emitir una condena. La decisión del Tribunal Superior de Medellín desató una ola de reacciones a nivel nacional. Por un lado, el expresidente Iván Duque celebró la absolución como un acto de justicia y reivindicación para Santiago Uribe y su familia, quienes durante años enfrentaron el escrutinio público. Para Duque, la decisión demuestra la inocencia de Uribe y el uso indebido de la justicia en su contra.
En contraste, el presidente Gustavo Petro mostró su desacuerdo, afirmando que los crímenes de lesa humanidad no deben quedar impunes y sugiriendo que, de ser necesario, tribunales internacionales podrían intervenir si la justicia colombiana no garantiza un proceso adecuado. Petro ha sostenido en varias ocasiones que el país necesita confrontar su pasado de violencia con transparencia y justicia, especialmente en los casos que involucran a actores de alto perfil.
Los representantes de las víctimas han anunciado que apelarán el fallo, llevando el caso a tribunales superiores para solicitar una revisión. Argumentan que, aunque el tribunal no encontró pruebas concluyentes, las familias afectadas merecen un análisis más profundo del papel de Uribe y de otros involucrados en el conflicto armado. Esta apelación podría llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia y prolongar la búsqueda de justicia.
La absolución de Santiago Uribe pone en evidencia las divisiones en la sociedad colombiana en torno a temas de justicia y reconciliación. Para muchos, el fallo representa una injusticia que refleja las dificultades del sistema judicial para procesar casos de violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado. Para otros, es una reivindicación de los derechos de Uribe, quien asegura que ha sido víctima de una persecución política y mediática.
El caso de Santiago Uribe Vélez sigue siendo una muestra de la compleja relación entre justicia y política en Colombia, y su desarrollo es seguido de cerca por diversos sectores, tanto en el país como en la comunidad internacional.
