El martes 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución emitida en 2024 y condenó en segunda instancia a Santiago Uribe Vélez —hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez— a 28 años y cuatro meses de cárcel. La condena lo declara penalmente responsable por formar y liderar el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, así como por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
El tribunal determinó que la finca conocida como “La Carolina”, ubicada en el municipio de Yarumal (Antioquia), funcionó como centro de operaciones de ese grupo armado ilegal: allí se habrían planificado crímenes, distribuido armas y promovido “limpieza social” contra personas consideradas “indeseables” o acusadas de colaborar con guerrillas.
Entre los crímenes comprobados figura el asesinato de Camilo Barrientos Durán, un conductor de bus asesinado en 1994 tras ser señalado por el grupo como supuesto colaborador de la guerrilla.
Según la sentencia, “Los 12 Apóstoles” estaría vinculada a al menos 300 homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, torturas y otros crímenes atroces de lesa humanidad cometidos durante la década de 1990 en el norte de Antioquia. Muchas de estas acciones ocurrieron en municipios como Yarumal, Campamento y Valdivia.
Además de la pena de prisión, el fallo impone una multa de 6.500 salarios mínimos legales vigentes, y la inhabilitación de Santiago Uribe para ejercer cargos públicos por 20 años. El tribunal negó la prisión domiciliaria y ordenó la emisión inmediata de una orden de captura apenas la decisión quede en firme.
La condena ha generado reacciones inmediatas en el ámbito político y de derechos humanos. Para muchos representa un paso significativo hacia la justicia y la reparación simbólica para las víctimas de la violencia paramilitar. Por su parte, la defensa anunció que apelará ante la Corte Suprema de Justicia, al considerar que el fallo se basa en testimonios que podrían ser “falsos” o manipulados.
Este veredicto no solo revisita un capítulo oscuro del conflicto armado colombiano, sino que pone en evidencia la complicidad de estructuras paramilitares con sectores de poder, haciendo énfasis en la responsabilidad individual de personas con alto perfil socioeconómico y político en la violencia sistemática contra poblaciones vulnerables.
