La Corte Constitucional determinó que la intervención realizada por el Gobierno a la EPS Sanitas fue contraria a la ley y ordenó que la administración vuelva a manos de Keralty, su grupo propietario. Con esta decisión, la entidad retoma el control de una de las aseguradoras de salud más grandes del país, que cuenta con más de 5,7 millones de afiliados.
La medida de intervención había sido decretada en abril de 2024 por la Superintendencia de Salud, argumentando presuntas fallas financieras y deficiencias en la atención de los usuarios. Un año después, la misma entidad decidió extender la intervención, lo que generó tensiones con la multinacional española.
Tras conocerse el fallo, Keralty manifestó que este retorno no es motivo de celebración, sino el inicio de un proceso de reconstrucción, ya que considera que la intervención ocasionó daños profundos en la operación de la EPS. Según la compañía, Sanitas cerró 2024 con pérdidas que superaron los 900 mil millones de pesos y enfrentó un notable aumento en quejas, tutelas y dificultades en la prestación de servicios.
El grupo señaló que exigirá al Estado el cumplimiento estricto de la sentencia, la reparación de los perjuicios ocasionados, el pago de deudas acumuladas y garantías claras que impidan nuevas decisiones arbitrarias que pongan en riesgo la estabilidad del sistema.
La determinación de la Corte representa un hito jurídico para el sector salud, ya que concluyó que la intervención se ejecutó sin respetar el debido proceso. Ahora, Sanitas afronta el reto de recuperar la confianza de sus afiliados y estabilizar su servicio en medio de la crisis que dejó la medida estatal.