El senador Antonio Sanguino y el exsecretario de Transparencia, Gabriel Cifuentes, presentaron una acción de insistencia, en la que solicitan al Registrador Nacional, Alexander Vega, y al Consejo Nacional Electoral retomar la tarjeta electoral anterior a la de 2006, en la que se incluyeron rostros y nombres completos de los candidatos, para las próximas elecciones parlamentarias de 2022.
Según los candidatos al Senado y a la Cámara, respectivamente, presentan la solicitud ya que «las disposiciones constitucionales y legales exigen la clara identificación de los candidatos y los presupuestos para el pleno ejercicio del derecho a la participación política».
Recuerdan que la tarjeta electoral fue modificada desde las elecciones de 2006, dejando la imagen y el nombre de los candidatos en un «cuadernillo» aparte.
«Esto ha generado que, desde entonces, el voto nulo se haya incrementado en un 300%, lo que puede entenderse como una afectación directa a las elecciones y, por ende, a la composición del Congreso de la República. Antes del cambio de la cédula de votación, los votos nulos alcanzaban menos del 5%», señalaron.
«La actual cédula es complicada y genera confusión entre los votantes. Dudo que haya alguien que recuerde el número de la persona por la que votó en las elecciones pasadas. Los candidatos tenemos un nombre y una cara y, como tales, deberíamos poder ser identificados en la papeleta. Así hacemos campaña y así deberíamos poder ser elegidos», dijo el candidato a la Cámara por Bogotá, Gabriel Cifuentes.
«Solo en 2018 se perdió el 12% de los votos; es decir, más de dos millones. Eso es un atentado a la democracia y al derecho al voto», recalcó.
Finalmente, en la misiva enviada los firmantes piden a la Registraduría que la negativa a las solicitudes de rediseño de la tarjeta electoral no puede justificarse en cuestiones operativas y presupuestales.
Aseguran que «garantizar la identificación «clara» de los candidatos es un presupuesto inseparable de la participación democrática, del derecho a elegir y ser elegido y de la verdad electoral; elementos fundamentales de nuestro Estado democrático y que deben ser garantizados en debida forma y sin ninguna confusión por parte de los actores electorales de nuestro país».
