En horas de la tarde de este viernes una juez confirmó la medida de aseguramiento que le había sido impuesta a Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
«Confirmar la decisión recurrida teniendo en cuenta que tal y como se analizó en la primera instancia, los elementos de prueba que trajo la Fiscalía permiten demostrar la inferencia razonable de la participación de Sandra Ortiz en el delito investigado», aseguró la togada.
Ortiz fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias por el caso UNGRD.
A mediados de diciembre de 2024, una juez decidió que la medida de aseguramiento contra la exfuncionaria debía ser cumplida en una guarnición militar.
Inicialmente, la justicia había decidido enviarla a la cárcel para mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.
«Por disposición de la juez de control de garantías, la exconsejera deberá permanecer privada de la libertad en una guarnición militar donde se garantice su seguridad”, se lee en un comunicado de la Fiscalía General de la Nación.
