La exconsejera presidencial boyacense Sandra Liliana Ortiz Nova fue citada el pasado lunes 26 de mayo por el despacho del magistrado Francisco Farfán, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para rendir declaración en el proceso que investiga actos de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sin embargo, la diligencia terminó sin avances: Ortiz se negó a declarar, escudándose en aspectos procesales que aún no han sido resueltos por el alto tribunal.
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Ortiz, quien llegó fuertemente escoltada a las instalaciones judiciales, evitó referirse a los señalamientos en su contra. Según trascendió en medios nacionales, la exfuncionaria alegó que continúa pendiente la decisión sobre una recusación presentada por la representación de víctimas contra la fiscal general Luz Adriana Camargo. Esta solicitud, que debe ser resuelta por la Sala Plena de la Corte, se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo del proceso judicial.
Además, Ortiz informó que hay otra recusación en curso, esta vez contra la fiscal María Cristina Patiño y otro integrante del equipo investigador, con el fin de apartarlos del caso. Según las mismas fuentes, la intención de la exconsejera sería intentar una negociación con un nuevo grupo de fiscales, tras el fracaso de un acuerdo anterior, en el cual las pruebas presentadas fueron calificadas como “deleznables” por su baja solidez.
Dilatación
La actitud evasiva de la exfuncionaria deja entrever una estrategia defensiva que parece centrarse más en dilatar el proceso que en aclarar su presunta participación en los hechos. Su silencio no solo impidió avanzar en el esclarecimiento del caso, sino que también puso de manifiesto los profundos desacuerdos y tensiones entre los actores del proceso.
Este nuevo capítulo del escándalo en la UNGRD pone nuevamente en entredicho la eficacia del sistema judicial para enfrentar casos de alta corrupción, especialmente cuando involucran a exfuncionarios de alto nivel. Mientras las recusaciones se resuelven, el proceso continúa estancado, y la ciudadanía sigue esperando que la justicia actúe con celeridad y firmeza ante hechos que comprometen la confianza pública en las instituciones del Estado.
