Este miércoles 18 de diciembre, la juez tercera de control de garantías de Bogotá ordenó la detención de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, involucrada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ortiz fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, y será trasladada a la cárcel El Buen Pastor.
La Fiscalía General de la Nación la señala como el enlace entre la Ungrd y los presidentes del Senado y la Cámara, a quienes supuestamente entregó sobornos para favorecer reformas del gobierno. Según el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, Ortiz fue la persona encargada de recibir y entregar 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, en un proceso que involucraba la asignación de contratos públicos.
La juez decidió enviarla a prisión por la gravedad de los hechos y el riesgo de que pudiera interferir en las investigaciones, especialmente después de la eliminación de pruebas clave, como chats de WhatsApp que documentaban la coordinación del pago de los sobornos. La Fiscalía también presentó pruebas que vinculan a Ortiz con la manipulación de contratos y la posible financiación de campañas políticas.
Este caso ha desatado un escándalo político en Colombia, con implicaciones que podrían afectar tanto a congresistas como a altos funcionarios del gobierno.
