Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, ha sido noticia recientemente por partida doble. Una jueza de conocimiento en Bogotá ratificó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra, mientras que la Fiscalía General de la Nación anunció la radicación del escrito de acusación por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
La exfuncionaria deberá enfrentar juicio por estos cargos después de que la Fiscalía recopilara elementos materiales probatorios que apuntan a su presunta implicación en un escándalo de corrupción. Según la investigación, en octubre de 2023, Ortiz habría recibido 3.000 millones de pesos de parte de los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez. Estos dineros, según las autoridades, fueron entregados como pago de coimas.
La exconsejera habría transportado y entregado esta suma de dinero en camionetas que pertenecían a su esquema de seguridad, al entonces presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez. Las autoridades aseguran que este acto forma parte de un esquema de tráfico de influencias, en el que se habrían utilizado recursos públicos con fines ilícitos.
