La Gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, fue sancionada con dos días de arresto domiciliario y una multa equivalente a dos salarios mínimos legales vigentes, por desacatar una orden de tutela emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Garantías y Conocimiento de Chaparral. La decisión judicial responde a una demanda presentada por la docente rural Diana Milena Muñoz Orjuela, adscrita a la Institución Educativa La Rizalda, quien solicitó el traslado a la zona urbana del municipio de Chaparral para garantizar los derechos fundamentales de su familia.
Traslado
La sentencia original, emitida el pasado 20 de marzo, ordenaba reubicar a la docente para facilitar la atención médica urgente de su hija menor, quien padece una enfermedad crónica, y para asegurar el acceso a la educación media de su hija mayor. No obstante, la Gobernación del Tolima trasladó a la maestra a la sede principal de la I.E. Simón Bolívar, en el corregimiento de La Marina, otro sector rural con condiciones igualmente precarias.
El juez Álvaro Hernán Piedrahíta Grajales consideró que la decisión de la Gobernación no acataba lo dispuesto en la sentencia, ya que la nueva sede tampoco garantiza el acceso oportuno a servicios de salud ni educación. De hecho, el centro médico más cercano sigue siendo el Hospital San Juan Bautista, ubicado en el casco urbano de Chaparral, al cual es casi imposible acceder desde La Marina en una emergencia.
Pronunciamiento
El abogado Germán Huartos, del equipo jurídico de Sutet Simatol, celebró la decisión judicial y explicó que el sindicato ha acompañado de cerca este y otros procesos similares. “La oficina jurídica acompaña a los afiliados en sus reclamaciones. Este fallo es una advertencia para la administración”, afirmó.
En paralelo, Huartos denunció otro caso donde fue sancionado el secretario de Educación del Tolima, Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, con cinco días de arresto por no cumplir una tutela que protegía a una docente provisional embarazada, quien fue desvinculada de manera irregular.
Credibilidad
El fallo también ordena compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y será revisado por el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral. El juez reiteró que las sentencias de tutela deben cumplirse sin dilaciones, y advirtió: “Tratándose de derechos fundamentales, la sanción debe ser drástica para que no se vuelva a repetir”.
