La Contraloría General de la República confirmó un fallo de responsabilidad fiscal en contra de nueve exfuncionarios y contratistas vinculados a la Gobernación del Meta por irregularidades en un contrato de adecuación del Parque Plaza Central en el municipio de El Castillo, Meta. Entre los sancionados se encuentran altos funcionarios y contratistas que desempeñaron cargos clave durante varias administraciones departamentales.
El caso más destacado es el de Juan Alfonso Latorre Uriza, quien ejerció como gerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) desde 2020. También se sancionó a Camilo Andrés Orozco Segua, contratista que obtuvo el millonario contrato financiado con regalías petroleras durante el gobierno de Alan Jara Urzola. Otros implicados son Jaime Carmona Soto, Elvia Lucy María Morales Rodríguez —quien fungió como directora operativa de la AIM y supervisora del contrato entre 2022 y 2024—, así como Julián Alberto Osorio Copete, Clara Alicia Rodríguez Guerrero, Camilo Andrés Caballero Balcázar y el Consorcio Interobras, interventor de la obra.
Irregularidades
El contrato, suscrito en marzo de 2015 bajo la administración de Alan Jara, contemplaba la adecuación del Parque Plaza Central en El Castillo. Aunque se emitió un acta de recibo final en noviembre de 2019, durante el cierre del gobierno de Marcela Amaya García, se constató que la obra estaba inconclusa, con un avance del 75%. Los trabajos pendientes se culminaron únicamente durante la gestión de Juan Guillermo Zuluaga, sin la necesidad de adicionar recursos, según declararon algunos de los sancionados.
La Contraloría determinó un daño fiscal en el manejo de los recursos, lo que implica que los sancionados deberán responder económicamente por las irregularidades antes de solicitar el levantamiento de las sanciones impuestas. El abogado Edgar Ardila explicó que los implicados están obligados a pagar el monto del daño fiscal como requisito previo para resolver su situación jurídica.
Consecuencias
Entre los afectados se encuentra Lucy Morales, quien ocupaba el cargo de jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo en la Gobernación del Meta hasta que la sanción de la Contraloría la inhabilitó para ejercer cargos públicos. Morales había ocupado posiciones de relevancia en la Agencia para la Infraestructura del Meta durante la administración de Juan Guillermo Zuluaga.
En su reemplazo, la gobernadora Rafaela Cortés designó temporalmente a Linda Guzmán, secretaria de Vivienda, mientras se define quién asumirá el cargo de manera definitiva. Este caso ha generado preocupación entre la ciudadanía y en los círculos políticos del Meta, ya que evidencia la persistencia de irregularidades en la gestión de recursos públicos destinados al desarrollo de infraestructura.
