La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo de primera instancia que determinó que dos funcionarios del Huila incurrieron en manipulación electoral durante las elecciones pasadas.
Según el comunicado, en este fallo, se sancionó a la exalcaldesa Waldina Losada Vega y al exconcejal Carlos Alberto Murcia Méndez, quienes favorecieron de manera irregular a un candidato respaldado por la entonces mandataria.
La Procuraduría calificó esta conducta como una grave violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos y una afectación directa a la transparencia electoral.
Intervención indebida en las elecciones
Según las pruebas presentadas en el proceso de investigación, Losada Vega y otros funcionarios actuaron de manera coordinada para beneficiar al candidato respaldado por la exalcaldesa, en perjuicio de otros competidores como Jhoan Sánchez España.
“La intervención no solo involucró el uso indebido de recursos públicos, sino que también se constató el ofrecimiento de prebendas y dádivas a cambio de apoyo político”, indicó el ente de control.
Asimismo, la Procuraduría indicó que, estas maniobras, que se desarrollaron en el contexto de las elecciones locales de 2021, socavaron la integridad del proceso electoral, alterando su curso natural y afectando el resultado final.
“Al revisar los hechos, se consideró que la intervención de los funcionarios violó los principios de equidad y justicia que deben prevalecer en cualquier elección. Además, se reconoció que las acciones de Losada Vega y Murcia afectaron directamente a la democracia local y pusieron en peligro la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral”, agregaron el informe.
Sanciones impuestas
Como consecuencia de la investigación, la exalcaldesa Waldina Losada fue sancionada con la destitución de su cargo y con una inhabilidad para ocupar cualquier cargo público durante 11 años.
Por su parte, Carlos Alberto Murcia, quien era concejal en ese momento, recibió una inhabilitación de 12 años, lo que lo aparta de la posibilidad de ocupar cargos públicos durante más de una década.
“Este tipo de conductas no solo afectan la transparencia electoral, sino que también perjudican la confianza de los ciudadanos en los procesos democráticos. Las sanciones reflejan la gravedad de las acciones cometidas por los funcionarios y buscan dar un mensaje claro de cero tolerancias a la corrupción electoral en Colombia”, puntualizaron la Procuraduría.
Posibilidad de impugnación del fallo
Aunque el fallo de primera instancia ha sido claro en las sanciones impuestas, tanto Losada como Murcia aún tienen la posibilidad de impugnar la decisión. El proceso de apelación podría llevar varias semanas y, dependiendo del desarrollo del caso, la decisión final podría modificarse.
No obstante, el fallo actual marca un hito importante en la lucha contra la corrupción electoral en el país y demuestra el compromiso de las autoridades con la defensa de la transparencia y la equidad en los procesos electorales.
