El Municipio de Neiva, bajo la administración del alcalde Germán Casagua Bonilla, enfrenta una de las más fuertes sanciones económicas impuestas en materia laboral en los últimos años. La Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en el Huila resolvió, mediante la Resolución No. 377 del 27 de junio de 2025, multar a la Alcaldía con la suma de $794 millones de pesos por graves fallas en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
La medida surge tras múltiples visitas técnicas y administrativas realizadas por inspectores laborales, quienes encontraron deficiencias críticas en las condiciones locativas y ambientales de las instalaciones administrativas, especialmente en el Centro Comercial Los Comuneros, donde funcionan oficinas de la alcaldía. Allí, se evidenció un riesgo físico latente que podría derivar en accidentes laborales, sin que hasta ahora se hubieran adoptado medidas correctivas efectivas.
José Hernández, vocero de los trabajadores afectados, expresó su preocupación: “Llevamos años advirtiendo estas falencias y solicitando soluciones. Es lamentable que la administración municipal exponga a su personal a condiciones inseguras. Esta multa es el reflejo de la desatención y de la falta de compromiso real por parte del gobierno local.”
Por su parte, Félix Medina Valderrama, presidente de la Asociación Sindical Fuerza Comunera, respaldó la decisión ministerial y aseguró que la sanción “es un llamado de atención contundente al gobierno de Casagua. No se puede hablar de desarrollo si los empleados públicos trabajan en condiciones peligrosas y sin las mínimas garantías de protección.”
La investigación administrativa tuvo como base el presunto incumplimiento de la Resolución 2400 de 1979, que obliga a mantener lugares de trabajo limpios, ordenados y en condiciones de seguridad e higiene. Según el Ministerio, los materiales y herramientas almacenados de forma incorrecta en bodegas y espacios improvisados estarían generando riesgos de accidentes y enfermedades laborales.
La situación ha provocado críticas a la administración Casagua, que hasta el momento no se ha pronunciado oficialmente sobre el contenido de la resolución ni sobre las acciones que implementará para subsanar las falencias detectadas. Sin embargo, fuentes internas indican que el municipio estaría preparando una respuesta jurídica para impugnar o solicitar revisión de la sanción.
Mientras tanto, distintos sectores sociales y políticos de Neiva exigen respuestas claras y soluciones inmediatas para garantizar la seguridad de los empleados municipales y evitar nuevas sanciones que puedan afectar las finanzas locales.
La millonaria multa se convierte en un precedente jurídico y político que recuerda a las entidades públicas la obligación de cumplir con las normas de seguridad laboral, no solo por ley, sino como un compromiso con la vida y el bienestar de sus trabajadores.