Una grave denuncia sacudió a la opinión pública: un presunto cartel de “tierreros” estaría involucrado en apropiaciones irregulares de terrenos. Los abogados que lideraron el proceso legal contra estas actividades han sido objeto de amenazas, que incluyen advertencias de muerte. Entre los señalados se encuentra Felipe Harman, actual director de la Agencia Nacional de Tierras y exalcalde de la ciudad.
Denuncias
El abogado Alejandro Carranza, conocido por su labor en defensa de la propiedad y los derechos ambientales, denunció haber recibido una llamada amenazante. Según el jurista, la advertencia fue directa: “Por meterse con Los Llaneros, está condenado a muerte”. Esta intimidación también se extendió a su esposa, quien participa activamente en las investigaciones relacionadas con la apropiación de terrenos en la región.
La llamada, que duró apenas 36 segundos, fue reportada a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección. Minutos después, el teléfono de Mayerly, esposa de Carranza, también recibió un mensaje amenazante. Según la denuncia radicada, un hombre le exigió abandonar el país en un plazo de tres días.
Intimidaciones
Carranza atribuye estas intimidaciones a su insistencia en esclarecer irregularidades vinculadas con la finca La Camelia, un extenso predio en disputa. En este caso, la Fiscalía investiga daños ambientales y posibles actos de corrupción cometidos en 2022, cuando Harman era alcalde. Según el abogado, el entonces mandatario habría facilitado un desalojo ilegal al designar a un inspector ad hoc, acción que derivó en una acusación por prevaricato contra un funcionario involucrado.
El caso también involucra a figuras locales y sectores económicos poderosos, lo que agrava el contexto de amenazas. “Estas acciones no solo vulneran nuestros derechos como profesionales, sino que intentan frenar un proceso que busca justicia para la ciudad”, señaló Carranza.
Por ahora, se espera que la Fiscalía confirme la apertura formal de una investigación para identificar a los responsables de estas intimidaciones y garantizar la seguridad de quienes han denunciado el caso.
