Nelson Quintero sale de la gerencia de la Caja, tras decisión directiva extraordinaria.
El ambiente interno de la Caja de Compensación Familiar del Tolima, Comfatolima, se estremeció este miércoles cuando su máximo órgano directivo tomó una determinación que venía gestándose en silencio. Durante una sesión extraordinaria, los integrantes del Consejo Directivo resolvieron terminar el vínculo contractual del director administrativo, Nelson Quintero, abriendo un nuevo capítulo de tensión institucional y expectativa pública en la región. La reunión se prolongó por varias horas, con intervenciones extensas, revisiones jurídicas y llamados a la prudencia, mientras afuera crecían rumores, versiones cruzadas y preguntas sin respuesta clara.
Según versiones conocidas posteriormente, en medio del debate se presentaron recursos y actuaciones encaminadas a aplazar el pronunciamiento final. Dichas solicitudes fueron analizadas una a una y finalmente descartadas por la mayoría de los miembros, quienes consideraron que existían elementos suficientes para adoptar una postura definitiva. Fuentes cercanas al proceso señalaron que la votación no fue unánime, reflejando diferencias internas sobre el momento y las implicaciones de la medida. Aun así, la resolución quedó formalmente consignada y comunicada a los interesados.
El trasfondo del episodio estaría vinculado con observaciones surgidas alrededor del proyecto de vivienda de interés prioritario Lagos Club Comfatolima, localizado en el barrio El Salado de Ibagué. Esta iniciativa, que se desarrolla desde 2019 mediante una alianza con la constructora C&U Construcciones y Urbanizaciones S.A.S., habría presentado presuntas inconsistencias detectadas durante revisiones internas. Tales hallazgos encendieron alertas administrativas y motivaron análisis más detallados por parte del órgano directivo, preocupado por la transparencia y el cumplimiento normativo.
Sin embargo, el camino no estaría completamente despejado. De acuerdo con fuentes consultadas, la terminación del contrato no se haría efectiva de manera inmediata, pues el procedimiento deberá ser examinado por la Superintendencia del Subsidio Familiar. Este filtro podría derivar en ajustes, observaciones adicionales o incluso cambios en los tiempos previstos, prolongando la incertidumbre alrededor del desenlace.
Voceros insisten en que las decisiones buscan proteger la institucionalidad, garantizar el manejo responsable de los recursos y preservar la confianza de los afiliados. En el entorno externo, sindicatos, veedurías y usuarios observan con lupa cada movimiento, conscientes de que el episodio podría tener repercusiones administrativas, jurídicas y reputacionales.
