Se ha conocido que la Procuraduría advirtió que el Programa de Alimentación Escolar- PAE- podría ser suspendido en por lo menos 12 entidades territoriales como consecuencia de la falta de presupuesto. La comunidad exige mayor intervención en este sentido, teniendo en cuenta que alrededor de 800.000 niños del país estarían en riesgo de quedar sin el programa.
Así se lo hizo saber el Ministerio Público a través de una comunicación al Ministerio de Educación Nacional y a la Unidad de Alimentos para Aprender- UApA- en la que alerta que en los municipios de Villavicencio, Montería, Sincelejo, Uribía, Pitalito y Neiva los altos costos de los artículos de la canasta familiar los tienen en riesgo de seguir adelante con el PAE.
En la misma situación se encuentran los departamentos de Caquetá, Cauca, Guaviare, Norte de Santander, Boyacá y Huila.
Entre los casos más alarmantes se encuentran el del municipio de Pitalito y el departamento del Huila que tendrían que suspender el programa en los meses de junio y agosto respectivamente.
Frente a la situación algunas entidades se han planteado la posibilidad de disminuir la cobertura, situación que desvirtúa el objetivo del programa. Hasta el momento en regiones como Sutamarchán, según lo comentado por licenciados de la institución, “el programa retornaría de nuevo a la sede de primaria, a pesar de ello, se tiene la consigna de que los niños no están recibiendo la ración, a la espera de que esta situación sea solucionada”, indicaron.
La opinión pública de forma generalizada ha rechazado esta situación, teniendo en cuenta que hace algún tiempo se le prometió a la ciudadanía la llegada masiva del programa, y hasta el momento no se ha cumplido de la forma esperada. Un gran porcentaje de niños necesita la ración, por la escasez económica que se evidencia en varios hogares del departamento de Boyacá, siendo el alimento trasversal para el funcionamiento académico.
Estrategias
Ante la situación, el ente de control solicitó, tanto al Ministerio de Educación como a la UApA, adelantar las estrategias que sean necesarias para atender la problemática manifestada y evitar que se vean afectados los derechos constitucionales de acceso y permanencia a la educación de aproximadamente 808.453 niños, niñas y jóvenes de estos territorios.
La Procuraduría continuará adelantando acciones para anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten derechos, mediante la detección y advertencia de riesgos en la gestión pública.
