Enfrenta críticas por operativos superficiales que no mejoran el transporte urbano.
Las calles de Ibagué amanecen cada día con el mismo humo y la misma paciencia agotada. La reciente jornada de operativos anunciada por la Secretaría de Movilidad bajo el cargo de Ricardo Rodríguez fue presentada como respuesta a años de quejas ciudadanas, pero para usuarios y denunciantes terminó siendo apenas maquillaje. Según información conocida por un medio de comunicación, los controles se concentraron en papeles y revisiones rápidas, sin tocar los verdaderos nudos del sistema: patios-talleres inexistentes, frecuencias incumplidas y una flota envejecida que sigue circulando.
Para los críticos, vigilar buses en vía sin auditar a fondo a las empresas es como barrer el polvo debajo de la alfombra. La falta de exigencia sobre patios-talleres impide realizar mantenimientos preventivos y correctivos básicos, aumentando riesgos mecánicos y ambientales. Sin espacios adecuados ni sanciones reales, los vehículos continúan operando en condiciones precarias, mientras los operativos viales se convierten en fotografías para redes sociales y comunicados oficiales.
A esta fragilidad estructural se suma una promesa que hoy suena hueca: acabar con las llamadas “chimeneas”. Aunque algunos buses antiguos fueron retirados, la autoridad no gestionó el ingreso oportuno de flota nueva. El resultado es un sistema con menos capacidad, más hacinamiento y mayores tiempos de espera. Para los usuarios, el humo no solo sigue saliendo de los tubos de escape, sino también de un discurso que no se traduce en soluciones.
El incumplimiento de los planes de rodamiento terminó de encender las alarmas. Rutas estratégicas dejaron de operar sin explicación pública, afectando barrios enteros y obligando a los ciudadanos a caminar largas distancias o pagar transporte informal. Incluso vehículos específicos, plenamente identificados y bajo supervisión oficial, desaparecieron del servicio sin que se conocieran sanciones ejemplares.
Uno de los denunciantes fue directo al interpelar a la entidad: “Si no gestionan, no controlan y no vigilan, el perjudicado es el usuario. ¿Realmente están haciendo la tarea?”. La pregunta resuena entre paraderos vacíos y filas interminables.
El panorama sigue siendo incierto. Mientras la Secretaría limite su acción a controles automotores superficiales y evite fiscalizar horarios, frecuencias y compromisos empresariales, la crisis continuará. El llamado ciudadano es claro y urgente: pasar del discurso de campaña a una vigilancia estricta que garantice un transporte digno, seguro y moderno para Ibagué. Expertos advierten que sin datos públicos y cronogramas verificables no habrá confianza. La modernización requiere inversiones, controles permanentes y voluntad política. De lo contrario, el sistema seguirá perdiendo usuarios, aumentando contaminación y profundizando desigualdades urbanas que golpean a quienes dependen diariamente del bus.
