Según Angie Tatiana Ortega Ramírez; docente del programa de Ingeniería de Petróleos, Universidad de América, La minería ilegal de oro en Colombia no solo erosiona ríos, devora selvas y desplaza comunidades. También depende de un insumo tóxico cuya circulación mundial ha sido subestimada: el mercurio.
Aunque su uso minero está prohibido en el país desde la Ley 1658 de 2018, este metal continúa ingresando por rutas clandestinas que conectan América Latina con Asia, aprovechando vacíos de control y redes transnacionales de comercio ilícito. Comprender esas rutas es clave para enfrentar una de las economías ilegales más agresivas y persistentes del país.
Contrario a lo que suele creerse, el mercurio no proviene únicamente de Asia. México cumple un doble papel estratégico: es puente para el mercurio importado desde China y, al mismo tiempo, mantiene producción interna en regiones como la Sierra Gorda, donde aún operan minas de cinabrio. Parte de ese mercurio —legal en su origen pero vulnerable a desvíos— ha sido rastreado hacia Perú, Bolivia y Colombia, alimentando la minería ilegal en la región andino-amazónica. La cadena es más compleja de lo que parece. No se trata solo de contrabando externo: existe una oferta regional que facilita el suministro constante a los mercados ilícitos.
China, pese a las restricciones derivadas del Convenio de Minamata, continúa siendo uno de los principales puntos de salida de mercurio. Diversos reportes internacionales han documentado exportaciones que, bajo justificaciones industriales, terminan desviadas hacia América Latina mediante triangulaciones comerciales y rutas de “blanqueo” intermedio. Este flujo mantiene activa una oferta global que se adapta con rapidez a los controles formales, aprovechando las debilidades de los sistemas aduaneros y la limitada capacidad de fiscalización.
A las rutas marítimas y terrestres se suma una tercera vía crítica: la Amazonia. Corredores fluviales compartidos entre Brasil, Perú y Colombia se han convertido en canales de ingreso de insumos químicos, maquinaria y mercurio. La geografía extensa, la débil presencia estatal y la convergencia de economías ilícitas facilitan el tránsito de estos productos hacia zonas de extracción aurífera en departamentos como Guainía y Amazonas.
El problema, por tanto, es transfronterizo. Exige una respuesta coordinada entre países y no solo esfuerzos aislados desde la política nacional. Las consecuencias del mercurio van mucho más allá del daño ambiental. Su impacto es también sanitario, social y económico. La bioacumulación en peces y la exposición prolongada en comunidades ribereñas e indígenas generan afectaciones neurológicas, problemas reproductivos y daños irreversibles en el desarrollo infantil. En otras palabras, la minería ilegal está envenenando lentamente a las poblaciones más vulnerables del país.
Colombia ha avanzado en regulación, decomisos y cooperación internacional, pero la persistencia del mercurio demuestra que las políticas nacionales no bastan. Es necesario fortalecer la trazabilidad global del metal —particularmente en países productores o de tránsito como México y China—, reforzar los controles fronterizos y fluviales en la Amazonia, y diseñar alternativas económicas sostenibles para las regiones que hoy dependen de la minería ilegal.
El mercurio es el hilo conductor que une las minas clandestinas con los mercados internacionales. Interrumpir su flujo es tan importante como controlar la extracción de oro. Enfrentar esta cadena no es solo un deber ambiental: es una estrategia de seguridad nacional y de salud pública.
Colombia no puede, ni debe, enfrentar sola este desafío.
Porque, como las rutas del mercurio, la solución también es internacional.
