Desde el 1 de agosto de 2026 comenzó la transición hacia el Registro Universal de Ingresos, nuevo mecanismo para focalizar la oferta social. Aunque cambia la metodología, las categorías A, B, C y D se mantienen como referencia para clasificar a los hogares.
Colombia comenzó una nueva etapa en la identificación de los hogares que pueden ser potenciales beneficiarios de programas sociales. Desde el 1 de agosto de 2026, las entidades públicas iniciaron la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI) como instrumento para la focalización de subsidios, programas, políticas y servicios de la oferta social.
El cambio ha generado dudas entre millones de ciudadanos que durante años han consultado su clasificación del Sisbén para conocer si pueden acceder a determinados beneficios. Sin embargo, una de las principales aclaraciones del Gobierno es que el Sisbén no desaparece de manera inmediata.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) explicó que la información del Sisbén continúa siendo una fuente importante dentro del Registro Social de Hogares y que existe un periodo de transición para evitar afectaciones abruptas a las familias que actualmente reciben o aspiran a recibir programas sociales.
¿Qué es el Registro Universal de Ingresos?
El RUI busca construir una caracterización más amplia de la situación económica de los hogares colombianos mediante la integración de información proveniente de diferentes registros administrativos del Estado.
A diferencia de un sistema basado principalmente en la información recopilada mediante encuestas, el nuevo modelo busca complementar los datos existentes con información disponible en distintas entidades públicas.
El objetivo es contar con una visión más precisa de los ingresos y condiciones socioeconómicas de las personas y hogares, de manera que las entidades responsables puedan definir con mayor precisión quiénes conforman la población objetivo de sus programas.
¿Qué significan las letras A, B, C y D?
Una de las preguntas más frecuentes tiene que ver con las categorías de clasificación.
El esquema mantiene las letras A, B, C y D, acompañadas de números que permiten establecer diferentes niveles dentro de cada grupo.
De manera general, la clasificación se organiza así:
Grupo A: corresponde a hogares en condición de pobreza extrema.
Grupo B: identifica hogares en condición de pobreza moderada.
Grupo C: reúne hogares considerados vulnerables.
Grupo D: corresponde a hogares que no están clasificados en situación de pobreza o vulnerabilidad.
Dentro de cada grupo existen diferentes subgrupos. En consecuencia, no es lo mismo estar ubicado, por ejemplo, en A1 que en A5, o en C1 que en C18.
La clasificación busca establecer una caracterización más detallada de las condiciones socioeconómicas de los hogares.
¿Tener una clasificación determinada garantiza un subsidio?
No.
Este es uno de los puntos más importantes que deben conocer los ciudadanos. El RUI no entrega automáticamente subsidios ni determina por sí solo quién recibe un beneficio.
La normativa establece que las entidades responsables de cada programa son las encargadas de determinar los criterios de ingreso, permanencia y salida de sus beneficiarios.
Esto significa que una persona puede estar clasificada en un determinado grupo y, aun así, no necesariamente recibir todos los subsidios existentes.
Cada programa establece sus propios requisitos y puntos de corte, dependiendo de su población objetivo, presupuesto y regulación.
El Decreto 875 de 2024 ya establecía que el RUI es neutral frente a la oferta social y que corresponde a las entidades administradoras definir quién puede ingresar, permanecer o salir de cada programa.
¿Qué pasa con el Sisbén?
El cambio no significa que los ciudadanos deban interpretar automáticamente que su información anterior quedó eliminada.
El DNP ha señalado que el Sisbén evoluciona y que la información entregada por las familias continúa siendo válida y necesaria, mientras se consolida el nuevo esquema.
Además, el Decreto 662 de 2026 estableció que las personas que ya estaban identificadas mediante el Sisbén antes del 31 de julio de 2026 tendrán un proceso de transición para pasar al RUI. Las entidades responsables de programas sociales deben establecer sus propios esquemas de transición y comunicarlos a los ciudadanos.
¿Qué deben hacer los ciudadanos?
Por ahora, una de las principales recomendaciones es no realizar trámites ante intermediarios que cobren dinero por supuestas actualizaciones del RUI.
Los ciudadanos deben consultar únicamente los canales oficiales habilitados por el Gobierno y las entidades responsables de los programas sociales.
También es importante mantener actualizada la información personal y familiar cuando las autoridades habiliten los mecanismos correspondientes para hacerlo.
Quienes actualmente reciben subsidios no deberían asumir que perderán automáticamente el beneficio por el cambio de sistema. Cada entidad deberá establecer cómo se realizará la transición y cuáles serán los criterios que aplicará.
Un cambio que tendrá una transición gradual
La entrada en operación del RUI representa uno de los cambios más importantes en el sistema de focalización de la política social colombiana.
De acuerdo con el Decreto 662 de 2026, las entidades comenzaron a utilizar el RUI como instrumento de focalización desde el 1 de agosto, mientras que el proceso de transición de las personas previamente identificadas mediante el Sisbén se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026. Durante este periodo, las entidades deberán implementar mecanismos de información y pedagogía para explicar a los beneficiarios los cambios.
Por eso, para los hogares colombianos la principal recomendación es no dejarse llevar por mensajes que anuncien la desaparición inmediata de todos los beneficios o que prometan subsidios a cambio de dinero.
Las letras A, B, C y D seguirán siendo fundamentales para entender la clasificación socioeconómica, pero la metodología que sustenta esa clasificación evoluciona hacia un sistema que pretende integrar más información sobre la realidad económica de cada hogar.
El verdadero impacto del RUI se conocerá durante los próximos meses, a medida que las entidades adapten sus programas y definan los criterios específicos con los que utilizarán esta nueva herramienta para focalizar la inversión social del Estado.
