Rodríguez admite que un fallo judicial mantiene frenado el proyecto prometido en Comfatolima.
La prometida semaforización frente al Colegio Comfatolima, ubicado en la comuna 7 de Ibagué, continúa sin materializarse y mantiene en alerta a padres de familia, estudiantes y residentes del sector. Lo que fue anunciado como una solución para reducir accidentes hoy se convirtió en una cadena de explicaciones técnicas, reuniones y justificaciones jurídicas que no despejan la incertidumbre. La intersección, catalogada por la comunidad como de alto riesgo, sigue operando bajo el mismo esquema vial, mientras el tránsito pesado y el flujo constante de vehículos se cruzan con la movilidad escolar diaria, generando temor permanente por una posible tragedia.
La Secretaría de Movilidad confirmó que la instalación de los semáforos no podrá ejecutarse en el corto plazo debido a un fallo judicial que obliga a realizar nuevos estudios técnicos. Según la entidad, la decisión judicial limita cualquier intervención inmediata y exige evaluar nuevamente las condiciones de tráfico antes de autorizar la obra. Esta explicación, aunque sustentada en argumentos legales, no convence a la comunidad, que asegura llevar meses escuchando anuncios sin resultados visibles y promesas que no pasan del papel.
Padres de familia sostienen que durante las horas pico, especialmente en las entradas y salidas de estudiantes, el caos vial se intensifica y pone en riesgo a menores y peatones. Aseguran que la ausencia de una medida definitiva evidencia falta de planificación y poca prioridad frente a la seguridad escolar, pese a las advertencias reiteradas realizadas a la administración municipal.
Desde la Secretaría de Movilidad se insiste en que se han adelantado reuniones con la comunidad educativa y análisis técnicos para evaluar alternativas. No obstante, hasta ahora no existe una fecha concreta para la instalación de semáforos ni para implementar una solución estructural. Mientras tanto, la seguridad vial depende de controles temporales y de la presencia ocasional de agentes de tránsito, medidas que los residentes consideran insuficientes frente a un problema que se repite a diario.
El propio secretario de Movilidad, Ricardo Rodríguez, reconoció que la decisión judicial no establece la posibilidad inmediata de instalar semáforos y que obliga a cumplir nuevos requisitos técnicos. Para la comunidad, esta situación refleja un círculo de trámites y dilaciones que prolonga el riesgo. Entre fallos judiciales, estudios pendientes y anuncios sin cronograma, la semaforización sigue en veremos y la zona permanece expuesta a un peligro latente que, advierten, podría terminar en tragedia si no se actúa a tiempo. La comunidad exige decisiones urgentes, responsabilidades claras y acciones visibles antes de lamentar consecuencias irreversibles anunciadas públicamente.
