Julio Roberto fue acusado por la Fiscalía tras autorizar una millonaria transferencia sin contrato.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Cajamarca, Julio Roberto Vargas Malagón, por el presunto delito de peculado por apropiación en favor de terceros, debido a una polémica transferencia de $1.000 millones de recursos públicos a una empresa privada sin que existiera contrato alguno.
Junto al exmandatario, también fue procesado el exsecretario de Hacienda del municipio, Luis Alberto Aponte Aponte, a quien se le atribuye participación directa en el movimiento irregular de dinero. Ambos exfuncionarios están siendo señalados como coautores del hecho.
La Fiscalía detalló que los giros se realizaron en tres momentos específicos: el 13, 17 y 19 de enero de 2023, cuando ambos aún estaban en ejercicio de sus cargos. La operación, según las autoridades, careció de toda formalidad contractual, lo que constituye una grave falta administrativa y penal.
Además de los exfuncionarios públicos, el ente investigador también imputó cargos contra Ilihn Alexander Cardona Díaz, representante legal de la empresa que recibió los millonarios recursos, quien fue señalado de cometer el delito de peculado por apropiación en provecho propio.
El dinero, según trascendió, fue retornado a las arcas municipales en su totalidad, pero eso no detuvo el curso del proceso penal. La Fiscalía enfatizó que, aunque hubo devolución de los recursos, la conducta punible ya se había consumado, por lo que el juicio sigue en firme.
El caso está siendo adelantado por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, quien considera que existen pruebas suficientes para llevar a juicio a los tres implicados.
La audiencia preparatoria fue programada para el próximo 24 de octubre, fecha en la que se espera que se definan los elementos probatorios y el futuro de los implicados en este escándalo que sacude al municipio tolimense.
Los habitantes de Cajamarca han reaccionado con indignación ante lo sucedido y piden a los entes de control que se garantice justicia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
