La situación electoral en el departamento de Nariño continúa en un punto crítico debido a la alta presencia de grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, que mantienen bajo amenaza a por lo menos 13 municipios de esta región.
Dentro de las localidades más afectadas se encuentran Cumbal, Cumbitara, El Rosario y la mayor parte de la costa Pacífica nariñense, territorios donde las autoridades electorales advierten un escenario complejo que exige una mayor intervención de la Fuerza Pública, justo cuando faltan tres meses para la realización de las elecciones al Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes.
Ante esta preocupante realidad, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó que a nivel nacional son 62 los municipios que actualmente se encuentran en condición de alto riesgo electoral. Según la funcionaria, el país no cuenta con las garantías necesarias para garantizar el pleno ejercicio democrático en estas zonas, donde la violencia y la intimidación siguen siendo herramientas de control territorial por parte de los grupos ilegales.
La Defensora explicó que este diagnóstico se consolidó tras un amplio estudio en el que participaron más de 100 analistas especializados del organismo, quienes evaluaron las condiciones de seguridad y gobernabilidad en los municipios del país.
El informe concluyó que, además de los 62 municipios catalogados en riesgo inmediato, 162 requieren atención urgente y 425 atención prioritaria, cifras que revelan la magnitud de la crisis y la fragilidad institucional en vastas regiones del territorio nacional.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo presentó 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos, todas dirigidas a impulsar una acción coordinada y efectiva entre las diferentes entidades del Estado. Una de las propuestas más relevantes tiene como destinatario al Ministerio del Interior, al cual se le solicitó fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucional y territorial dentro de las instancias destinadas a salvaguardar las garantías electorales.
De igual manera, el informe insta al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública a implementar estrategias más contundentes que garanticen la seguridad en corredores viales, puestos de votación y zonas consideradas de mayor riesgo. De no fortalecerse estas acciones, advierten las autoridades, los comicios podrían desarrollarse bajo condiciones de presión, amenazas y restricciones, afectando directamente la participación ciudadana y la libre elección de los candidatos.
