El presidente de Ecopetrol negó interceptaciones ilegales y responsabilizó a intereses políticos por una campaña de desprestigio. La Procuraduría investiga.
Bogotá, 4 de junio de 2025 — En medio del escándalo que sacude a Ecopetrol, el presidente de la petrolera estatal, Ricardo Roa, habló por primera vez sobre las graves denuncias que lo vinculan con presuntas interceptaciones ilegales, corrupción y un polémico contrato con la firma Covington & Burling LLP. Lo hizo a través de una declaración pública en la que defendió su gestión y rechazó los señalamientos.
Según Roa, lo que se vive actualmente es una campaña orquestada con fines políticos:
«Esto no es espontáneo ni accidental. Tiene un objetivo político claro, que algunos de ustedes bien conocen», aseguró. También denunció haber recibido amenazas de muerte, acoso y ataques personales, incluso hacia su familia.
El contrato con Covington: ¿qué pasó?
Uno de los temas más sensibles es la firma de un otrosí contractual por 5,8 millones de dólares con el bufete estadounidense Covington, que estaría vinculado a un proceso interno que incluyó el análisis de correos y dispositivos electrónicos de funcionarios.
Roa fue enfático en que no tuvo participación directa en ese contrato:
“Como presidente de la compañía, no firmo ni suscribo contratos directamente. Esa función ha sido delegada a las vicepresidencias corporativas”.
Además, aclaró que el contrato fue suspendido en febrero de 2025, lo que fue confirmado por la Junta Directiva el pasado 29 de mayo.
Chuzadas en Ecopetrol: Roa lo niega todo
Sobre la supuesta interceptación ilegal de comunicaciones a más de 70 funcionarios, Roa lo negó rotundamente y advirtió que las filtraciones de información podrían comprometer la seguridad de la compañía.
“No existen chuzadas ni ordené acciones de ese tipo”, declaró.
Procuraduría investiga a Ecopetrol
La controversia escaló este martes cuando la Procuraduría General de la Nación realizó una inspección en la sede principal de Ecopetrol en Bogotá. El objetivo es establecer la legalidad y transparencia en la firma del otrosí contractual con Covington, así como posibles irregularidades en el manejo de datos sensibles.
El ente de control busca determinar si hubo:
- Extralimitación de funciones
- Violación de normas internas
- Prácticas indebidas como perfilamientos a miembros de la Junta, actores externos y líderes sindicales
Mientras tanto, la Junta Directiva designó temporalmente al abogado Rodolfo García Paredes como oficial de cumplimiento para garantizar la transparencia durante el proceso.
