El Juzgado Civil 9 de Bogotá admitió demandas civiles contra Ricardo Roa, lo que derivó en el embargo de su salario y de bienes inmuebles, por obligaciones financieras relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Las acciones judiciales fueron promovidas por la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), que reclama el pago de recursos que, según esta, fueron comprometidos en la logística de la campaña.
Las demandas señalan que Roa, en su calidad de gerente de la campaña, autorizó servicios de transporte, publicidad y contratación que aún no han sido reconocidos ni cancelados. La deuda reclamada supera los $2.000 millones de pesos, según los autos radicados en el Juzgado.
La medida de embargo implica que una parte del salario de Roa será retenida mensualmente hasta saldar el valor determinado por el juez. Además, se decretó la medida sobre una propiedad residencial en Cajicá (Cundinamarca) y el bloqueo de nuevas operaciones de crédito que involucren al ejecutivo.
Roa, por su parte, emitió un comunicado breve: “Estoy colaborando con las investigaciones y confío en que se establecerán los hechos y responsabilidades de forma clara”, dijo. No obstante, afirmó que la empresa estatal a su cargo “no se verá afectada por este proceso personal”.
