La Fiscalía General de la Nación ha puesto en el centro del debate público un beneficio económico que califica como «indebido». En la reciente audiencia de imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, el ente acusador detalló una transacción inmobiliaria que, a juicio de los investigadores, sería la contraprestación por un favorecimiento contractual en las altas esferas del sector energético.
El inmueble en cuestión, ubicado en el exclusivo barrio El Chicó, al norte de Bogotá, se convirtió en la pieza clave del rompecabezas judicial. Según el peritaje técnico presentado, el apartamento tiene un valor comercial de 2.727 millones de pesos. Sin embargo, Roa lo adquirió por 1.800 millones, lo que representa una compra un 34% por debajo de su precio real. El vendedor fue Juan Guillermo Mancera, quien, según la Fiscalía, resultó beneficiado con decisiones estratégicas impulsadas por Roa desde su cargo.
Para la Fiscalía, esta diferencia de 927 millones de pesos no es una simple oportunidad de mercado, sino la evidencia de un intercambio de favores. La tesis del ente investigador sostiene que Roa utilizó su posición como máxima autoridad de la estatal petrolera para influir en la adjudicación de proyectos de regasificación en Hocol, filial de Ecopetrol, para favorecer a las empresas de Mancera.
Este señalamiento de tráfico de influencias no solo afecta la reputación personal del directivo, sino que genera un sismo institucional en la compañía más grande del país. Mientras la defensa intenta justificar la legalidad de la compra, el país observa con atención cómo se desarrolla un proceso que mezcla el poder corporativo con beneficios inmobiliarios de alto nivel.
