La Procuraduría General de la Nación envió un concepto demoledor al Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando sanciones ejemplares contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, junto con la tesorera y auditores de la campaña Petro Presidente, por «violación de los topes de financiación y ocultamiento de información» en un escándalo que amenaza con alcanzar al mismísimo presidente de la República.
El ente de control encontró «responsables» a los investigados por dos de las diez presuntas irregularidades que configuran un entramado de corrupción electoral que podría deslegitimar la victoria presidencial de Gustavo Petro, quien también enfrenta cargos como candidato en el proceso que mantiene en vilo al país.
Aunque la Corte Constitucional «pausó los efectos» del proceso contra Petro mientras estudia el fuero presidencial, la investigación continúa implacablemente contra Ricardo Roa como gerente de campaña, la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso, y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus, además del Movimiento Político Colombia Humana y la Unión Patriótica.
La Procuraduría advirtió que el CNE debe resolver urgentemente el recurso de reposición de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), alertando que no hacerlo «podría viciar el trámite sancionatorio» en un proceso que tiene la capacidad de tumbar funcionarios clave del gobierno actual.
Este escándalo electoral representa la investigación más grave contra el entorno de Petro desde su llegada al poder, configurando un cóctel explosivo que combina irregularidades financieras, ocultamiento de información y la participación de figuras estratégicas del actual gobierno en presuntos actos de corrupción.
