El municipio de Hobo quedó en el centro de una tormenta política luego de que el Consejo Nacional Electoral ordenara la suspensión inmediata de la certificación de la audiencia pública de revocatoria del alcalde Jhon Alber Mora Lizcano. La decisión expone un escenario delicado para la democracia local, marcado por presuntos montajes y uso indebido de recursos institucionales.
Según lo advertido por el CNE, la audiencia realizada el 27 de noviembre habría sido convertida en un ejercicio artificial de respaldo al mandatario. La autoridad electoral habla de indicios que apuntan a la manipulación del proceso, mediante la participación de personas que no representarían genuinamente a la ciudadanía hobeña, sino que tendrían vínculos contractuales o políticos con la administración municipal.
Entre los casos señalados figura el de Yidmar Charry Ríos, quien se presentó como vocero rural, pese a mantener una relación contractual con la Alcaldía. A ello se suma la situación de Etiel Castillo Buesaco, cuestionado por no residir en el municipio y por presuntamente representar intereses ajenos a la comunidad local, lo que abriría la puerta a una posible suplantación ciudadana.
El elemento más inquietante del expediente es la presunta instrumentalización de la nómina municipal. De acuerdo con las denuncias, varios intervinientes tendrían vínculos familiares con contratistas y funcionarios, sugiriendo presiones internas para fabricar una imagen de apoyo inexistente.
Ante estos hechos, el CNE decretó pruebas de oficio y otorgó un plazo de diez días para descargos. La Procuraduría adelanta indagaciones disciplinarias. El caso reabre el debate sobre el uso de la burocracia frente al control ciudadano. La confianza pública queda seriamente comprometida en Hobo hoy.
