El anuncio del borrador del proyecto de ley con el que el Gobierno busca abrir el camino hacia una asamblea nacional constituyente reavivó un debate jurídico protagonizado meses atrás por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el constitucionalista Mauricio Gaona.
El jueves 23 de octubre, Montealegre presentó el documento que sustenta la iniciativa impulsada por el presidente Gustavo Petro, argumentando que el país enfrenta un “bloqueo institucional” que impide avanzar en las reformas sociales. Sin embargo, usuarios y analistas recordaron un debate realizado el 18 de junio en el que Gaona refutó esa tesis, defendiendo que el desacuerdo entre poderes es parte esencial del sistema democrático.
Durante ese intercambio, Montealegre sostuvo que el diseño constitucional de 1991 no ofrece mecanismos adecuados para resolver las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, lo que, a su juicio, ha limitado los cambios estructurales que el Gobierno pretende impulsar. Planteó que la consulta popular y la eventual convocatoria de una asamblea constituyente serían alternativas legítimas para superar esos bloqueos institucionales y modernizar el Estado Social de Derecho.
En respuesta, Mauricio Gaona señaló que lo que el ministro llama bloqueo es, en realidad, una expresión natural del equilibrio de poderes propio de una democracia. “La oposición es el precio que se paga por tener una democracia”, afirmó el jurista, advirtiendo que reinterpretar ese principio podría abrir la puerta a un debilitamiento del orden constitucional.
Gaona también alertó sobre la diferencia entre una asamblea nacional constituyente, prevista en la Constitución de 1991, y una asamblea popular constituyente, figura que —según explicó— se ha utilizado en regímenes autoritarios con menores exigencias de participación y control institucional.
El debate, revivido en redes sociales tras la presentación del proyecto, ha sido citado como antecedente del actual pulso político y jurídico sobre la legitimidad y los alcances de la iniciativa del Gobierno Petro.
El Ministerio de Justicia informó que el borrador de la propuesta será sometido a revisión técnica y constitucional antes de su radicación formal. Su trámite dependerá de la interpretación sobre la competencia del Ejecutivo, el papel del Congreso en su aprobación y el eventual control de la Corte Constitucional.
