La Procuraduría General de la Nación anunció que iniciará una revisión formal al convenio suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, en el que se delega la producción y distribución de pasaportes a nivel nacional e internacional. Según el organismo de control, existen dudas sobre la destinación de los recursos asignados, los criterios de selección de los aliados estratégicos y la viabilidad jurídica del acuerdo. Aunque no se han hecho señalamientos directos de irregularidades, se trata de una revisión preventiva ante posibles riesgos de contratación sin plena transparencia.
El convenio ha sido defendido por la Cancillería como una alternativa para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes, especialmente luego de que se cayera el anterior contrato con la empresa Thomas Greg & Sons. Sin embargo, sectores políticos y veedurías ciudadanas advierten que este nuevo acuerdo podría concentrar funciones en un solo operador sin los controles tradicionales de licitación pública. El caso se suma a una serie de investigaciones recientes que ponen el foco sobre cómo se manejan los recursos públicos en convenios interinstitucionales, reabriendo la discusión sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia administrativa.
