Un informe reciente reveló que la empresa Keralty Colombia, conocida por operar servicios de salud como EPS y clínicas, realizó aportes por más de $145 millones a siete partidos políticos en el periodo previo a las elecciones de 2022. Los recursos fueron girados legalmente y reportados ante el Consejo Nacional Electoral, pero han generado controversia debido a la influencia que el sector privado podría tener sobre decisiones legislativas, especialmente en temas sensibles como la reforma a la salud. Aunque las contribuciones están permitidas por la ley, el caso ha reactivado el debate sobre la necesidad de mayor transparencia y límites más estrictos en el financiamiento electoral.
Los partidos beneficiados han defendido la legalidad de los aportes, señalando que se ajustaron a las normas vigentes y fueron debidamente registrados. Sin embargo, sectores ciudadanos y algunos analistas advierten sobre los riesgos de que intereses empresariales incidan en la agenda política. El caso de Keralty cobra mayor relevancia considerando que, tras los comicios, varios congresistas afines a esos partidos participaron activamente en discusiones sobre la reforma al sistema de salud. Esta situación ha llevado a nuevas exigencias para fortalecer los mecanismos de control y evitar conflictos de interés entre el financiamiento privado y las decisiones públicas.
