La capital del departamento de Antioquia se encuentra en medio de un escándalo por la supuesta utilización de la “plata de Medellín” para el respaldo de campañas políticas. Al parecer estos fondos públicos, estaban destinados para abordar las necesidades de la ciudad, sin embargo, salió a la luz que se han estado usando para apoyar las candidaturas de Juan Carlos Upegui a la Alcaldía y de Esteban Restrepo a la Gobernación de Antioquia.
Estos candidatos, considerados cercanos al ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero, están bajo el escrutinio público y podrían enfrentar consecuencias legales por posibles violaciones a las leyes de financiación de campañas electorales.
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Uno de los denunciantes a través de su cuenta en X, fue el candidato a la alcaldía de Medellín, Fico Gutiérrez, quien escribió: “Con la plata de todos los Medellinenses se financian estas dos campañas. Son descarados. Corruptos”.
Con la plata de todos los Medellinenses se financian estas dos campañas.
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 13, 2023
Son descarados. Corruptos.
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Uso de la plata de Medellín: Modus operandi de revelado
Dos ciudadanos, Gloria Jaramillo, abogada tributarista, y Daniel Salazar, contador público, realizaron una minuciosa vigilancia sobre el uso de los recursos públicos en la ciudad. Su investigación reveló que las listas de donantes presentadas por las campañas de Upegui y Restrepo al Consejo Nacional Electoral incluyen personas que han sido contratadas con fondos de la Alcaldía de Medellín, y algunos de estos donantes aún tienen contratos vigentes.
Un ejemplo notable es Mónica Marcela Guzmán Ramírez, quien firmó un contrato de casi 50 millones de pesos financiado por la Alcaldía y donó 5 millones de pesos a la campaña de Esteban Restrepo. Esta donación corresponde exactamente al 10% del valor total del contrato, lo que plantea interrogantes sobre si a los contratistas se les exige contribuir a las campañas.
Convenios interadministrativos y nepotismo
Los contratos no se suscriben directamente con la Alcaldía, sino a través de convenios interadministrativos con instituciones educativas como el Pascual Bravo. Este enfoque se ha convertido en una práctica común que permite a la Alcaldía contratar a personas sin rendir cuentas al control político ni a los órganos de supervisión, tratándolos como intermediarios en lugar de instituciones académicas.
En particular, la campaña de Juan Carlos Upegui recibió donaciones por un total de 155 millones de pesos de 20 donantes, muchos de los cuales son o han sido contratistas de la Alcaldía de Daniel Quintero. Es así que presuntamente se evidencia que están haciendo uso de la plata de Medellín.
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Ocho de estos donantes tienen contratos aún vigentes, contribuyendo con aproximadamente el 52% de las donaciones. La campaña de Esteban Restrepo enfrentó una situación similar, con ocho de los 14 donantes siendo contratistas de la Alcaldía.
El nepotismo también salió a la luz, ya que donantes de Esteban Restrepo incluyen a su primo Juan Carlos Taborda, quien ha tenido contratos con el ITM, y a su hermano Nicolás Restrepo, quien ha recibido múltiples contratos sin ser profesional.
Excesivas donaciones y pagos del alquiler de la sede de campaña
La campaña de Juan Carlos Upegui recibió donaciones notables, y en particular, el exsecretario de Gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, donó 21 millones de pesos en dos ocasiones, que aparentemente se destinaron al alquiler de una sede de campaña.
Esta donación plantea interrogantes sobre la legalidad, ya que la ley prohíbe que quienes hayan estado vinculados al Estado en el último año sean donantes de campañas. La campaña de Upegui respondió que todas las donaciones cumplen con los requisitos legales, pero no ha proporcionado detalles sobre los listados publicados.
La campaña de Esteban Restrepo enfrentó una situación similar, con donantes contratistas de la Alcaldía que han contribuido significativamente a su financiación.
Implicaciones legales sobre la plata de Medellín
El escándalo podría tener graves implicaciones legales, ya que se alega que las campañas de Upegui y Restrepo podrían haber incurrido en el delito de «financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas», según el Código Penal de 2000. Este delito conlleva penas de 4 a 8 años de prisión y multas de hasta 1.392 millones de pesos para el gerente de la campaña y el candidato.
Este escándalo llevó a la exigencia de una investigación más profunda por parte de entes de control como la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría. La ciudadanía y diversos actores políticos están esperando una respuesta clara sobre la legalidad de las donaciones y la financiación de estas campañas electorales.
De esta manera, el caso resalta la importancia de garantizar la transparencia y la legalidad en el financiamiento de las campañas políticas, y destaca la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en el ámbito electoral.
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ELECCIONES 2023 – Todo lo que necesitas saber
¿Cuándo serán las elecciones en Colombia 2023?
Domingo, 29 de octubre de 2023
¿Qué se elige en estas elecciones?
De acuerdo con la Registraduría Nacional, en estos comicios serán elegidos:
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¿Qué documentos debo presentar para votar?
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