En una reciente rueda de prensa, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, junto a la cúpula militar, admitió públicamente un preocupante retroceso en el control territorial por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en varias regiones del país. Este anuncio, que coincide con el balance de los primeros dos años de gestión del Gobierno de Gustavo Petro, pone de manifiesto una alarmante realidad sobre la intensificación del conflicto en diversas zonas del territorio colombiano.
Guerra
El ministro Velásquez, en su declaración, reconoció que la pérdida de control sobre ciertos territorios es una realidad innegable y subrayó la necesidad de una respuesta firme por parte de las fuerzas de seguridad. “Es un hecho, también ha habido retrocesos en el control ilegal de territorios”, afirmó. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno planea implementar una estrategia de revisión exhaustiva “vereda por vereda” con el objetivo de recuperar el control legal y reforzar la presencia estatal en las zonas afectadas.
Este reconocimiento por parte del ministro no solo evidencia las dificultades en la lucha contra los grupos armados ilegales, sino también la complejidad del conflicto en Colombia, donde el control territorial sigue siendo un eje central de disputa. Según el jefe de la cartera, se ha observado un aumento significativo en el número de combatientes en estos grupos, aunque no proporcionó cifras exactas. “Reconocemos que ha habido un incremento; no tengo las cifras en este momento, pero es un hecho que ha aumentado”, admitió.
Cultivos ilícitos
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Otro aspecto relacionado con la seguridad en los territorios son los cultivos ilícitos. En este sentido, el ministro señaló que también se registró un incremento: “El aumento de cultivos ilícitos respecto a 2022 fue de 16.000 hectáreas, es decir, un 7% más. Sin embargo, en la incautación de cocaína hemos logrado superar porcentajes del 19%”. El retroceso en el control territorial y el aumento de la actividad de los grupos armados ilegales plantean serias dudas sobre la efectividad de las políticas de seguridad del Gobierno de Petro. Desde que asumió el poder, el presidente ha intentado implementar una estrategia que combina el diálogo con sectores insurgentes y un enfoque integral hacia la paz. Sin embargo, los desarrollos recientes sugieren que estas medidas pueden no ser suficientes para contener el avance de actores ilegales en el país.
Resumen
El balance de la primera mitad del Gobierno Petro también destaca las tensiones inherentes a la política de Paz Total. Mientras la administración de Petro busca negociar y reintegrar a grupos armados al margen de la ley, como ha sucedido con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, más recientemente, con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como el Clan del Golfo, las dinámicas sobre el terreno parecen indicar que algunos de estos grupos están aprovechando la coyuntura para consolidar su poder en ciertas regiones, incrementando su presencia y capacidad operativa.
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