Colombia ha sido clave en el escándalo de lavado de dinero que sacudió a TD Bank, uno de los diez bancos más grandes de Estados Unidos, y que recientemente pagó una multa de $3,000 millones por no tomar medidas para evitar el uso de sus plataformas en actividades ilícitas. El caso se desencadenó al descubrirse un flujo constante y sospechoso de retiros en cajeros automáticos de Cúcuta, a través de tarjetas de débito del TD Bank, un banco sin presencia oficial en Colombia. TD Bank, originario de Canadá y con un capital de $92.75 billones de dólares canadienses según Statista, nunca detectó ni detuvo estos movimientos irregulares.
Entre 2018 y 2024, más del 90% de las transacciones del banco no fueron monitoreadas, permitiendo que tres redes de lavado movieran más de $670 millones a través de sus cuentas, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. Las transacciones en cajeros en Colombia se quintuplicaron en solo tres años, pasando de $28.6 millones a $151.8 millones. A pesar de estos indicios, el banco no implementó los cambios sugeridos en sus auditorías, ignorando la «tipología de los cajeros colombianos» durante 18 meses.
El esquema consistía en abrir 2,000 cuentas y distribuir tarjetas de débito a través de un empleado del TD Bank, las cuales eran enviadas a Cúcuta y usadas para realizar millonarios retiros. Estas transacciones se vinculaban a organizaciones criminales como el Clan del Golfo, quienes lavaban dinero a través de intermediarios locales en la región de frontera con Venezuela. Sin embargo, el TD Bank se excusó de no implementar controles citando «la experiencia del cliente» y las restricciones de personal, lo que el fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, calificó como «facilitación de la delincuencia financiera».
Pese a los informes financieros que advertían el flujo irregular, las autoridades colombianas no tomaron acciones significativas, y fuentes cercanas sugieren que incluso los carteles mexicanos podrían estar utilizando métodos similares. Aunque el Gobierno Petro alertó recientemente sobre el aumento del flujo de dinero ilícito, aún no se han implementado medidas concretas para frenar esta fuente de financiamiento de organizaciones criminales.
