La Procuraduría frenó la resolución ambiental para la Sabana de Bogotá.
La Procuraduría General de la Nación lanzó una contundente solicitud al Ministerio de Ambiente: retirar de inmediato el proyecto de resolución sobre el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, actualmente en proceso de consulta pública, y reiniciar el trámite normativo bajo los lineamientos establecidos en el Decreto 1081 de 2015.
La petición surge tras una evaluación del proceso actual, en la que el ente de control concluyó que no se han cumplido adecuadamente las etapas de participación y contradicción necesarias. En su comunicación oficial, la Procuraduría insistió en que “los documentos y pruebas técnicas practicadas deben ser sometidos nuevamente a contradicción por parte de las entidades, sectores y ciudadanos que no tuvieron oportunidad de ser oídos”.
La preocupación principal del Ministerio Público es la falta de garantías de seguridad jurídica para los ciudadanos que han participado —o pretenden hacerlo— en la consulta pública prevista hasta el próximo 28 de abril.
“El requerimiento se realiza con el fin de asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales y brindar garantías de seguridad jurídica a los ciudadanos, evitando cualquier confusión sobre las consecuencias de participar en este proceso”, señaló la Procuraduría.
Tensión política y técnica
El borrador del proyecto de resolución fue publicado por el Ministerio de Ambiente a inicios de marzo y, desde entonces, ha generado una fuerte controversia. Aunque la iniciativa busca establecer nuevos lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, distintas voces incluidas las de la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y sectores como el de la construcción han expresado su rechazo, señalando falta de socialización, afectaciones sobre proyectos en curso y una aparente descoordinación entre niveles de gobierno.
El alcalde Carlos Fernando Galán fue uno de los primeros en manifestarse en contra. Según explicó, la propuesta no fue concertada con el Distrito Capital y su eventual aprobación podría generar incertidumbre sobre el futuro de al menos 138 barrios y de grandes proyectos de infraestructura, incluyendo el metro de Bogotá, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y el intercambiador de la Calle 80.
“Falta claridad sobre qué terrenos serían considerados humedales, lo cual deja en el limbo a proyectos clave para la ciudad”, advirtió Galán.
La iniciativa fue uno de los últimos proyectos impulsados por la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien defendió la resolución argumentando que su propósito era establecer directrices para la protección ambiental de la Sabana sin interferir con obras ya aprobadas ni con suelo habilitado para expansión urbana.
“El alcalde está totalmente desinformado. La resolución no detiene ninguna obra de movilidad”, afirmó la exministra, agregando que los lineamientos apuntan a orientar las decisiones futuras de las autoridades locales y ambientales.
A pesar de ello, la Procuraduría insistió en que cualquier norma que busque ordenar el territorio y modificar reglas del juego en materia ambiental debe estar soportada por un proceso amplio, transparente y garantista. Por lo tanto, pidió no solo el retiro del proyecto actual, sino también que se reinicie el procedimiento desde cero, asegurando una consulta pública robusta y en cumplimiento con las decisiones judiciales relacionadas con la protección del río Bogotá.
Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente no ha emitido una respuesta oficial sobre si acatará o no la solicitud del ente de control. Lo que sí queda claro es que el ordenamiento de la Sabana se ha convertido en un nuevo campo de batalla entre lo técnico, lo político y lo territorial.
