El reciente anuncio del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas Farc liderada por alias ‘Iván Mordisco’, de restringir de manera tajante el acceso a la ONU, la MAPP-OEA y la Defensoría del Pueblo en sus zonas de influencia, ha encendido las alarmas sobre la seguridad y el abandono de las poblaciones rurales en Colombia.
Esta medida, notificada a través de un comunicado oficial del grupo armado, se fundamenta en supuestas «graves violaciones a la neutralidad» y el presunto uso de misiones de protección para labores de inteligencia militar en favor del Estado. Sin embargo, para analistas de defensa y expertos en derechos humanos, esta expulsión representa no solo un desafío directo a la institucionalidad colombiana, sino un desconocimiento frontal del Derecho Internacional Humanitario (DIH), dejando a miles de ciudadanos sin los únicos mecanismos de vigilancia, denuncia y resguardo internacional existentes.
La comandancia del grupo subversivo justifica esta decisión alegando una «grave violación a la neutralidad» por parte de estas instituciones. Según el texto difundido, las acciones de verificación habrían sido instrumentalizadas para recolectar información sobre las posiciones de la guerrilla, facilitando así operativos del Ejército Nacional. El EMC sostiene que las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo son «manipuladas» por funcionarios regionales para sembrar aversión contra sus estructuras y legitimar el avance de la Fuerza Pública. El grupo armado también reprochó lo que denominan un «silencio cómplice» ante incidentes previos, mencionando casos específicos de muertes de civiles y menores en departamentos como Cauca y Guaviare. Bajo esta premisa, el Secretariado asegura que la filtración de datos sensibles desde las misiones asistenciales ha puesto en riesgo la seguridad de sus combatientes y de las comunidades.
La crisis actual pone de relieve una problemática histórica: la incapacidad del Estado para ejercer un control territorial real independientemente del tinte político del gobierno de turno —ya sea la administración actual de Gustavo Petro o las anteriores de derecha—, la expansión de los grupos armados ha sido una constante. La lucha por el control regional supera los debates ideológicos de Bogotá; mientras en la capital se discuten las mesas de negociación, en las periferias la gente queda atrapada en el fuego cruzado entre disidencias y el Ejército, ahora sin el acompañamiento de los organismos internacionales.
