La apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación sacudió a Santa Isabel, tras conocerse presuntas demoras en el pago de salarios y prestaciones sociales a funcionarios municipales durante varios meses de 2023. El proceso tiene como principal investigada a la alcaldesa Diana Magaly Caro Galindo, aunque también involucra al exalcalde y a exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de esclarecer responsabilidades fiscales y presupuestales.
Según el organismo de control, las obligaciones laborales estaban registradas en las cuentas por pagar del municipio, pero aun así los desembolsos se habrían realizado de forma tardía, situación que afectó directamente a trabajadores de la administración local. Esta circunstancia motivó la apertura formal del proceso disciplinario y la recolección de pruebas para determinar si existió negligencia administrativa.
Frente a los señalamientos, la mandataria municipal respondió y aseguró que la crisis financiera no se originó en su gobierno. Explicó que al asumir el cargo encontró deudas superiores a los mil millones de pesos, mientras que en las cuentas oficiales solo había once millones de pesos disponibles para atender dichas obligaciones.
Caro Galindo sostuvo que su administración ha hecho esfuerzos para ponerse al día y que con recursos propios se logró cancelar una parte considerable de los salarios atrasados. Sin embargo, reconoció que aún persiste un déficit cercano a los 379 millones de pesos. La alcaldesa afirmó que afronta el proceso con tranquilidad y reiteró que entregará las pruebas necesarias para demostrar que no actuó con omisión ni irresponsabilidad.
