Respondió por la crisis del acueducto y la suspensión del mismo.
La polémica por el color del agua en Reservas del Paujil terminó desbordándose más allá de los tanques y las tuberías. Lo que comenzó como una queja por el aspecto opaco del líquido se convirtió en una disputa comunitaria que hoy tiene a vecinos enfrentados, a la Policía mediando y a la administración del acueducto dando explicaciones públicas.
Ana Patricia Duarte, representante legal de la Asociación de Usuarios del Acueducto, habló con tono firme y pidió mesura. Aseguró que el sistema está legalmente constituido y cuenta con reconocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Recordó que nació hace apenas dos años para suplir una necesidad histórica que el Estado no ha logrado cubrir en esta zona rural.
El suministro proviene de la quebrada El Paujil. En temporada seca, según la administración, el servicio fluye sin mayores contratiempos. Pero cuando arrecian las lluvias, el caudal baja cargado de sedimentos y el agua toma un tono oscuro que inquieta a los usuarios.
El acueducto no cuenta con planta de clarificación. El tratamiento es básico: captación en bocatoma, paso a un tanque intermedio donde se decanta el material pesado, traslado al tanque principal y aplicación de cloro. Duarte explicó que el proceso se realiza con acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Rural y la Dirección de Cambio Climático, con el respaldo del doctor Humberto Leal, quien ha brindado orientación técnica en medio de la contingencia.
Tras varios días de precipitaciones, la administración optó por suspender temporalmente el servicio para permitir que el agua aclarara. La decisión, lejos de calmar los ánimos, provocó que algunos residentes acudieran a la Policía para exigir el restablecimiento inmediato del suministro.
La controversia no terminó con el restablecimiento. Según la representante, cada intento por mejorar la infraestructura —cerrar el tanque, instalar filtros y reforzar la protección— ha encontrado resistencia de un sector de la comunidad. Incluso denunció amenazas con machete contra quienes adelantan labores técnicas.
Estudiantes de la Universidad de Ibagué, vinculados al programa Paz y Región, también habrían sido intimidados cuando apoyaban procesos comunitarios. El ambiente, dicen algunos vecinos, se ha vuelto tenso y contradictorio: se exigen soluciones, pero se cuestionan los procedimientos necesarios para lograrlas.
Mientras tanto, el acueducto continúa operando en medio de reclamos y presiones. La administración insiste en que cortar el servicio cuando el agua baja turbia es una medida preventiva, no un capricho. En Reservas del Paujil, el debate ya no es solo por el color del agua en invierno, sino por la capacidad de la comunidad para ponerse de acuerdo y construir, sin amenazas, la solución que todos dicen querer.
