En el borde oriental del país, múltiples comunidades han soportado más de 30 años sin acceso regular a agua potable, sobreviviendo gracias a métodos rudimentarios de recolección de lluvia, acarreo desde fuentes naturales lejanas, y la solidaridad entre vecinos. Esta situación, que afecta principalmente a poblaciones rurales y dispersas, ha sido denunciada en repetidas ocasiones por líderes comunitarios, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, sin que hasta ahora se hayan tomado medidas estructurales por parte del Estado. La ausencia de agua no solo pone en riesgo la salud de miles de personas —especialmente niños y adultos mayores expuestos a enfermedades hídricas—, sino que también limita gravemente el desarrollo económico, la educación y la seguridad alimentaria en la región. La precariedad ha forzado a algunas familias a abandonar sus territorios, mientras otras resisten, aferradas a sus raíces, esperando respuestas concretas más allá de promesas de campaña o soluciones temporales.
Pese al abandono, las comunidades han demostrado una notable capacidad de organización para visibilizar su situación. En los últimos meses, han incrementado las movilizaciones y los llamados al Gobierno Nacional, exigiendo que el acceso al agua sea tratado como un derecho fundamental, no como un lujo. A través de cabildos abiertos, protestas pacíficas y alianzas con instituciones académicas y ambientales, los habitantes del oriente han articulado propuestas viables para construir acueductos comunitarios, desarrollar tecnologías sostenibles y garantizar la participación directa en los procesos de planificación. No obstante, la falta de voluntad política y la lentitud burocrática siguen siendo los principales obstáculos. En un país donde se celebran avances tecnológicos y megaproyectos, estas comunidades siguen esperando lo más básico: agua limpia para vivir con dignidad.
