La reciente designación de Carlos Ramón González como representante diplomático de Colombia en México ha generado controversia no solo por su nuevo rol internacional, sino también por las implicaciones legales que este hecho podría tener respecto a las investigaciones en curso sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque González no ha sido formalmente imputado ni capturado, su cercanía con figuras clave del gobierno y su vinculación indirecta con el caso han llevado a sectores políticos y sociales a cuestionar si su nombramiento busca blindarlo de una eventual orden de captura internacional. El debate se agudiza con la posibilidad de que, al obtener inmunidad diplomática, pueda evadir temporalmente cualquier requerimiento judicial emitido por autoridades nacionales o internacionales.
Más allá del enfoque penal, la polémica plantea un cuestionamiento profundo sobre los límites entre la diplomacia y la ética pública. Para algunos analistas, este tipo de decisiones refuerza la percepción de que ciertos cargos diplomáticos son utilizados como herramientas para proteger a aliados políticos de procesos judiciales, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones. Otros, en cambio, consideran que hasta que no exista una acusación formal contra González, su derecho a ejercer funciones públicas no debe ser restringido. En todo caso, el episodio ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la designación de representantes del Estado en el exterior, especialmente cuando estos están vinculados —aunque sea tangencialmente— a casos de alto impacto nacional.
