Lo que parecía una liberación humanitaria terminó revelando una compleja trama criminal. La noche del miércoles, la liberación de un niño secuestrado durante 18 días en el Valle del Cauca fue recibida con alivio y esperanza. Las disidencias de las FARC entregaron al menor a una comisión de la Defensoría del Pueblo, y una clínica en Cali confirmó su buen estado de salud. Sin embargo, al día siguiente, nuevas revelaciones ensombrecieron el caso.
Según información publicada por la revista Semana y El Tiempo, la familia del niño pagó un rescate de aproximadamente 4.000 millones de pesos (casi un millón de dólares). No se trató de una extorsión convencional, sino del cobro de una deuda vinculada al narcotráfico. Horas después de confirmar públicamente el pago, fue asesinado Jesús Antonio Cuadros, primo del padrastro del niño, quien habría sido el encargado de entregar el dinero a los captores.
Una fuente cercana al entorno familiar y conocedora de las dinámicas criminales del Valle del Cauca, que pidió anonimato por seguridad, señaló que el padre del menor fue un cabecilla del grupo paramilitar Los Rastrojos y que, tras su asesinato en 2013, su familia heredó propiedades y dinero que años después le fueron reclamados por esta estructura criminal.
Según la fuente, Los Rastrojos habrían contratado a las disidencias de las FARC para secuestrar a la madre o al padrastro del niño como forma de cobrar la deuda, pero terminaron raptando al menor por error. Los captores incluso ofrecieron intercambiar al niño por uno de los adultos.
La Defensoría del Pueblo, que participó en el proceso de liberación, aseguró que su papel fue estrictamente humanitario. “El contexto de los padres no cambia en nada el rol que debíamos cumplir ante un niño que estaba secuestrado”, afirmó la defensora Iris Marín Ortiz. También subrayó que no hubo intervención alguna en una eventual negociación económica.
Durante los días de cautiverio, las autoridades insistieron en una liberación incondicional. Mientras tanto, la familia exploró otras vías, incluyendo la participación de intermediarios y capos desde prisión que facilitaron videollamadas con el niño y el envío de medicamentos. Sin embargo, la entrega del menor solo fue posible tras el millonario pago gestionado por parientes.
Sebastián Bonilla, tío del menor, confirmó públicamente la transacción en una entrevista radial. Justificó la decisión por la ineficacia de las autoridades y la angustia familiar. Aseguró que su familia no tiene vínculos criminales y que los rumores en su contra son “malintencionados”.
El asesinato de Cuadros en Cali, pocas horas después de sus declaraciones, encendió nuevas alarmas. El personero de la ciudad, Gerardo Mendoza, pidió una investigación a fondo: “La comunidad merece saber la verdad. Ayer celebrábamos una liberación; hoy lamentamos una tragedia”.
