En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación judicializa a Deiber Casteblanco y Daniel Casteblanco, los presuntos vendedores de carne de animales enfermos o muertos, esto por medio de un matadero clandestino de bovinos y equinos que funcionaba en la vereda La Concepción, en Cómbita, Boyacá.
La #Fiscalía judicializó a dos presuntos responsables de operar un matadero clandestino en Cómbita, #Boyacá. Estas personas, al parecer, compraban vacas, terneros, caballos, toros o búfalos muertos o enfermos, para sacrificarlos en medio de pésimas condiciones de salubridad y… pic.twitter.com/sioi1uwOWE
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 3, 2024
Inicialmente, el ente de control afirmó que estos dos personajes compraron la carne vacas, terneros, caballos, toros o búfalos muertos o enfermos, esto para ahorrar dinero, para posteriormente sacrificarlos, en situaciones precarias de salubridad y comercializaron este producto a diferentes zonas del país.
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Este producto se vendió entre Bogotá, Boyacá, entre otras zonas de estas dos ciudades, así mismo, en la investigación de la Fiscalía encontró que no contaba con los permisos ambientales y sanitarios exigidos por la ley, además de un pésimo control de fríos de las carnes, hecho que generó mayor indignación.
En las verificaciones al inmueble se constató que no contaba con los permisos ambientales y sanitarios. Además estarían generando una afectación al suelo y las fuentes hídricas por los residuos sólidos y el vertimiento de líquidos. En la diligencia al lugar se incautó carne lista… pic.twitter.com/mK5nHnBT9B
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 3, 2024
De igual forma, estos dos vendedores de carne también serían condenados por las afectación al suelo y las fuentes hídricas del sector por los residuos sólidos y el vertimiento indiscriminado de líquidos de los animales. Gracias al operativo se logró recuperar 14 animales, donde 9 tenían graves problemas de salud.
¿Qué ocurrirá con los dos vendedores de carne?
Lo último que se conoció fue que una fiscal de la Seccional Boyacá les imputó a estos dos hombres los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; daños a los recursos naturales y maltrato animal, por lo cual tienen una medida privatoria de la libertad, mientras se resuelven sus condenas.




