En un reciente informe entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, el Movimiento nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice, documenta 293 casos que involucran a 354 víctimas de desaparición forzada.
Según las estadísticas, 40 casos corresponden al departamento del Meta y 253 a la región del Magdalena medio con los departamentos de Antioquia, Caldas, Santander y Boyacá.
Escenarios
Según Laura Montoya López investigadora nacional del movimiento y quien participó directamente en la documentación de los casos, en estos territorios las desapariciones forzadas no solo se vivieron en escenarios de conflicto armado, también de violencia sociopolítica.
Esto quiere decir que no fue una práctica aislada, sino que se convirtió en una práctica sistemática que contribuyó a intereses de actores armados, económicos y políticos; además, buscó controlar los territorios en temas sociales, políticos y económicos.
Responsabilidad
El informe también explica que en muchos escenarios las víctimas fueron estigmatizadas y señaladas, siendo los principales responsables los actores paramilitares predominantes en ese territorio, pero también con responsabilidad de miembros de la fuerza pública especialmente batallones y fuerzas de inteligencia.
El informe
Asimismo, la Defensoría señaló que está llevando a cabo un informe de la mano del Comité Internacional de la Cruz Roja. Su intención es analizar la efectividad de las herramientas que tiene el Estado para responder ante las denuncias de desaparición forzada: uno es el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y el otro es el Estatuto jurídico de las personas desaparecidas.
Vale decir que, según datos compartidos por el Ministerio de Defensa, hasta el pasado 28 de agosto había 66 Mecanismos de Búsqueda Urgente activos en Colombia solo por hechos ocurridos en el marco del Paro Nacional.
Estrategias
“En los últimos meses, la CIDH, el CED y el GTDFI han notado avances y buenas prácticas por parte de diferentes Estados de la región en el diseño de estrategias integrales de búsqueda e investigación. En específico, reconocen la adopción de los Planes Nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Perú, en 2021; y en Colombia, en 2020 y 2021, como herramientas programáticas de la política pública de búsqueda y cuyo contenido fue producto de un proceso participativo en el que intervinieron diferentes actores”, señaló Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.
