Observaciones jurídicas
El presidente de la Corte Suprema de Justicia manifestó serios reparos al proyecto de ley de sometimiento que actualmente se discute en el Congreso de la República. Según explicó, la iniciativa que busca facilitar la entrega de estructuras criminales y grupos armados organizados al Estado presenta vacíos jurídicos que podrían comprometer la seguridad jurídica y la eficacia del sistema judicial.
De acuerdo con el magistrado, el proyecto tal como está redactado no establece de manera clara los límites entre beneficios penales y responsabilidades efectivas. Advirtió que si bien es válido buscar mecanismos de desmovilización y desarticulación de organizaciones ilegales, no puede hacerse a costa de la impunidad. “No podemos permitir que bajo la figura del sometimiento se camuflen delitos graves, como homicidios, secuestros o violaciones de derechos humanos, que merecen sanciones proporcionales”, enfatizó.
El presidente de la Corte resaltó también la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y verificación de la verdad. Señaló que el proyecto plantea beneficios sustanciales en reducción de penas y garantías de seguridad, pero carece de un sistema robusto para garantizar que quienes se acojan entreguen información completa, colaboren con las investigaciones y reparen a las víctimas.
Debate político
Los reparos del alto tribunal han generado un nuevo debate en el ámbito político. Mientras el Gobierno defiende el proyecto como una herramienta eficaz para reducir la violencia y desmontar economías ilegales, sectores de la oposición advierten que se estaría creando un modelo de justicia paralelo que privilegia a los criminales sobre la ciudadanía.
El pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema cobra especial relevancia, pues refleja la posición de la máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria frente a un tema que impacta directamente el futuro de la seguridad y la justicia en el país. Distintos analistas señalan que este llamado de atención obliga al Congreso a revisar el articulado con mayor rigor, de modo que se logre un equilibrio entre el interés de pacificar los territorios y el deber de garantizar justicia para las víctimas.
El magistrado reiteró que la Corte está dispuesta a aportar observaciones técnicas y jurídicas al proyecto, con el fin de que se ajuste plenamente a la Constitución y a los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y lucha contra la criminalidad organizada.
