El pasado 8 de Mayo, los profesores recibieron lo que debería ser un regalo, pero salió a la luz pública, una pieza normativa que se presenta como el timón de una promesa: la de garantizar que 126.000 maestras y maestros de Colombia asciendan o se reubiquen salarialmente en un plazo de tres años, tal como se pactó en los acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en 2023.
Para Luis Fernando Jaramillo, secretario general de la CUT Valle, a primera vista, el decreto parece una señal de avance, una bocanada de justicia largamente esperada. Sin embargo, entre sus líneas se esconde una sombra peligrosa, una trampa silenciosa que amenaza con cerrar las puertas del progreso a muchos maestros que, por razones humanas, han debido apartarse temporalmente de sus aulas.
Maestros que luchan contra enfermedades y que han debido ausentarse por largas incapacidades médicas. Maestros que han sido calificados para ser pensionados por invalidez. docentes que, con vocación profunda, han solicitado permiso para formarse aún más, o que han servido desde las trincheras del sindicalismo en defensa de sus compañeros. Todos ellos, por no contar con evaluaciones de desempeño recientes, quedarían excluidos de esta nueva posibilidad de ascenso.
Y porqué es grave: el borrador establece que las evaluaciones de desempeño utilizadas en procesos anteriores no serán válidas en futuras convocatorias. ¿Y entonces? ¿Se condena al olvido todo ese tiempo entregado, toda esa historia construida con esfuerzo? antes, bastaba con haber obtenido una calificación mínima del 60% en las últimas dos evaluaciones de desempeño que hubiese aprobado el maestro (sin importar de cuando son). Esa estrategia sencilla y justa permitía avanzar incluso a quienes enfrentaban circunstancias extraordinarias. Hoy, ese principio se amenaza con ser reemplazado por una lógica fría y excluyente.
