Una controversia se ha generado en Popayán por la intención de la administración municipal de recuperar un bien de uso público en el barrio Alfonso López, actualmente ocupado por una comunidad religiosa que, desde hace más de cinco décadas, desarrolla labores sociales en beneficio de niños en condición de vulnerabilidad.
El predio, al parecer de propiedad del municipio, ha sido administrado por las religiosas sin que existan títulos de propiedad formalizados. No obstante, en el lugar funciona un centro de atención para menores, donde se brindan alimentos, orientación escolar y acompañamiento espiritual a familias de bajos recursos.
La Alcaldía argumenta que la medida responde a un proceso de ordenamiento y legalización del uso de bienes públicos, en cumplimiento de disposiciones legales. Sin embargo, líderes comunitarios y vecinos del sector han expresado su rechazo, afirmando que el trabajo de las religiosas suple necesidades que el Estado no ha logrado cubrir.
“El municipio no puede desconocer 50 años de servicio a los niños más pobres. Lo que debería hacer es apoyar y fortalecer ese trabajo, no cerrarlo”, señaló una habitante del sector.
Por ahora, no se ha emitido una orden formal de desalojo, pero la comunidad religiosa ha solicitado una mesa de diálogo con la administración del alcalde Juan Carlos Velasco para buscar una solución concertada que permita continuar con la labor social.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y voceros de la Iglesia Católica también han manifestado su preocupación, advirtiendo que una decisión sin consenso podría afectar a decenas de menores beneficiarios de este programa comunitario.
