El juez 49 del Circuito de Bogotá, Manuel Ricardo Laverde, emitió un fallo histórico al ordenar la reincorporación al Ejército Nacional del coronel José Luis Esparza, quien había sido retirado en 2021 tras una serie de controversias y acusaciones falsas. La decisión fue considerada una victoria personal para Esparza, quien se había visto involucrado en una trama de desprestigio que lo vinculaba erróneamente con el grupo armado ELN. El fallo, que restablece su honor, llega después de años de lucha legal y la revelación de una serie de irregularidades detrás de su salida de las Fuerzas Militares.
El coronel Esparza, conocido por su destacada participación en la histórica operación Jaque de 2008, fue acusado sin pruebas de tener nexos con el ELN, lo que llevó a su retiro en medio de una campaña orquestada en su contra. La operación Jaque, una de las más grandes hazañas del Ejército Nacional, logró el rescate sin disparar un solo tiro de Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial, y varios rehenes de las FARC, incluyendo tres ciudadanos estadounidenses.
En entrevista con Noticias Caracol, el coronel Esparza explicó que su salida del Ejército estuvo marcada por una serie de rumores y acusaciones infundadas que afectaron gravemente su honor y su carrera. «Salí a la luz pública cuando se me trató de endilgar que mi salida se debía a que tenía nexos con el ELN y otras aseveraciones complejas», indicó. Según Esparza, desde su tiempo en Bélgica, donde estuvo asignado, comenzó a notar que se estaba gestando una campaña en su contra, alimentada por anónimos y falsos rumores.
La situación escaló en septiembre de 2021, cuando el gobierno del expresidente Iván Duque, bajo un decreto (1074), ordenó al coronel calificar servicios. Este acto fue seguido por su retiro forzoso sin pasar por los procedimientos legales correspondientes, lo que el juez ahora ha determinado como una violación a los derechos del coronel. Esparza aseguró que desde entonces sabía que estaba en marcha una conspiración para arruinar su carrera: “Sabía que se estaba construyendo una trama en contra mía, lo conocía desde que estuve de adjunto en Bélgica”, mencionó.
El fallo que ordena su reincorporación también revela que las acusaciones en su contra fueron promovidas por altos oficiales del Ejército, quienes trataron de manchar su nombre para frenar su ascenso a la cabeza de la inteligencia militar. Según el coronel, uno de los oficiales implicados en esta campaña de desprestigio fue Mario González Lamprea, quien habría intentado encubrir actos irregulares dentro del Ejército.
Esparza también relató una de las paradojas de su vida personal, al recordar cómo el ELN asesinó a su tío en un ataque de extorsión el día de su cumpleaños. Este hecho, según él, hace aún más absurda la narrativa de los supuestos vínculos con el grupo armado. «El día de mi cumpleaños asesinó a mi tío el ELN. Un niño lo mató por un asunto de extorsión», afirmó, desmintiendo las acusaciones que lo vinculaban con los mismos enemigos que, años antes, habían atentado contra su propia familia.
El coronel, con lágrimas en los ojos, subrayó que su lucha no solo era por su honor personal, sino también por la dignidad de las Fuerzas Militares. Aseguró que los responsables de su salida del Ejército no deben escapar sin rendir cuentas. “Yo reitero: la institución es sagrada. No siempre la institución es la que tiene que pagar. Tienen que pagar los funcionarios que utilizaron la institucionalidad», afirmó con firmeza.
Por último, Esparza defendió el legado de la operación Jaque, asegurando que no fue una iniciativa exclusiva de los expresidentes Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos, sino una operación que surgió desde abajo, impulsada por un grupo de oficiales y suboficiales de menor rango, expertos en inteligencia técnica.
Con este fallo, se restablece el honor de un militar que, a pesar de la adversidad y las mentiras que intentaron destruir su carrera, sigue luchando por la verdad y por la justicia. La decisión también envía un mensaje claro: la justicia está dispuesta a rectificar los errores cometidos y garantizar que aquellos que han sido injustamente afectados por campañas de difamación tengan la oportunidad de defender su honor.