La reciente jornada de microbarrido predial realizada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bruselas, corregimiento de Pitalito, dejó tras de sí un balance social alentador, pero también una fuerte controversia política. El operativo, liderado por el director de la entidad, Lester Garrido, benefició a cerca de 200 residentes de distintas veredas, quienes están próximos a recibir los títulos de propiedad de sus terrenos, fincas y viviendas rurales.
El proceso, según la ANT, responde a una política de formalización gratuita de la propiedad rural, impulsada por el Gobierno Nacional como parte de su compromiso con la justicia social y la equidad territorial. “Se trata de garantizar que las familias campesinas puedan acceder legalmente a su tierra y construir futuro sobre una base jurídica sólida”, explicó Garrido durante su visita.
Sin embargo, el entusiasmo institucional no ha estado exento de críticas. Dirigentes locales y sectores políticos de oposición cuestionan el trasfondo del programa, señalando que el proceso podría tener intereses electorales o servir de antesala a un viejo anhelo regional: convertir a Bruselas en el municipio número 38 del Huila.
Bruselas, que cuenta con más de 48 mil habitantes, es considerada una de las zonas rurales más activas del sur del departamento. Su tamaño poblacional y dinámica económica la perfilan como candidata natural a la municipalización, tema que ha generado tensiones entre la administración local y algunos líderes comunitarios.
Para críticos del proceso, la estrategia de formalización, aunque beneficiosa en lo técnico y jurídico, podría estar diseñada para fortalecer estructuras políticas alineadas con el actual Gobierno, aprovechando el impacto social que genera la entrega de títulos. “No se puede negar el beneficio, pero tampoco la oportunidad política que representa”, expresó un analista regional consultado.
Una deuda histórica
Lo cierto es que, más allá del debate, Bruselas enfrenta una deuda histórica en materia de titulación. Durante décadas, sus habitantes han vivido en terrenos heredados o sin escrituras formales, lo que ha limitado su acceso a créditos, subsidios y programas de desarrollo rural.
El microbarrido de la ANT, de carácter técnico y social, representa un paso concreto hacia la seguridad jurídica y la planificación territorial, pero también reabre el debate sobre la autonomía administrativa del corregimiento.
Mientras el Gobierno celebra los avances, la oposición pide mayor transparencia y vigilancia sobre los procesos. En Bruselas, entre la esperanza y la sospecha, el título de propiedad se ha convertido en un nuevo terreno de disputa política.
