En Ipiales, los controles viales han tomado un nuevo enfoque frente al uso irregular de vidrios polarizados. Durante las últimas semanas, las autoridades de tránsito han intensificado sus operativos, logrando imponer 86 comparendos a conductores que no contaban con el permiso requerido para circular con vidrios de alta opacidad.
Esta estrategia, liderada por el Secretario de Movilidad, Jhon Jairo Villota, responde a una creciente preocupación por la seguridad ciudadana en esta zona fronteriza. La medida busca prevenir delitos que, según reportes policiales, en algunos casos han sido perpetrados desde vehículos modificados con polarizados que impiden la identificación de sus ocupantes.
Los controles incluyen el uso de fotómetros, dispositivos que miden con precisión el nivel de opacidad de los vidrios. Aquellos automóviles que superan los límites establecidos por la ley, son sancionados inmediatamente. Además de la multa económica, los conductores deben retirar el polarizado no autorizado en el acto.
El coronel encargado de los operativos explicó que los permisos para vidrios polarizados solo se otorgan en circunstancias excepcionales. Estas incluyen seguridad para funcionarios públicos, vehículos diplomáticos, transporte de valores o condiciones médicas que lo justifiquen debidamente.
La normativa colombiana es clara: conducir con vidrios polarizados sin el permiso correspondiente acarrea una multa de $379.600, equivalente a 8 salarios mínimos diarios legales vigentes. También se exige portar en todo momento la autorización expedida por la Policía Nacional.
Aunque no existen cifras concluyentes que relacionen directamente los polarizados con hechos delictivos, las autoridades insisten en su función preventiva. La visibilidad hacia el interior del vehículo permite una mejor identificación de los ocupantes y, por tanto, un control más efectivo en puntos de revisión.
La comunidad ipialeña ha manifestado su respaldo a estos operativos. Muchos ciudadanos consideran que es un paso necesario para reducir la delincuencia y mejorar la percepción de seguridad en una región históricamente afectada por el contrabando y el crimen organizado. Con estas medidas, se espera también disminuir el uso de vehículos modificados para actividades ilícitas.
